El PSOE de la Región de Murcia ha impedido que la Asamblea Regional muestre su rechazo al cambio de reglas de explotación del Trasvase Tajo-Segura al negarse a suscribir una declaración institucional, propuesta por el Partido Popular, que requiere de unanimidad para ser elevada al pleno.
El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado, ha lamentado que "Conesa sea un obstáculo para conseguir la unanimidad en la región en contra de la decisión del Ministerio de Transición Ecológica de cambiar las reglas que rigen el Trasvase, como sí hicieron las Cortes Valencianas".
Segado ha señalado que la declaración propuesta por el PP "defiende la vigencia de la Ley del Memorándum y muestra, además, la oposición al anunciado incremento de los caudales ecológicos del Tajo por el grave perjuicio que supondrá para el Levante español".
Esta declaración institucional es una de las acciones anunciadas por el PP ayer tras el Comité de Dirección para plantar cara al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico.
"Con esta actitud del PSOE, Conesa demuestra que no está dispuesto a dar la batalla para defender los intereses en materia de agua de la Región de Murcia" ha dicho el portavoz parlamentario del PP quien añade que el socialista "solo actúa de cara a la galería y sin ninguna intención de ponerse frente a la decisión del Ministerio de ir cerrando poco a poco el Trasvase".
"Queda claro que el PSOE no va a hacer nada para impedir el 'hachazo' al Trasvase que van a pagar todos los ciudadanos de la Región con una subida del precio del agua del 30%", ha añadido Segado quien recuerda también que "los agricultores sufrirán también este incremento con un aumento del 48%".
"Se va a hacer un daño irreparable a uno de los pilares económicos de la Región y de todo el Levante español por los intereses políticos de Pedro Sánchez", ha señalado.
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL RECHAZADA POR EL PSOE:
El Trasvase Tajo-Segura es la infraestructura hidráulica más importante de España, ya que aporta solidaridad y riqueza al conjunto de todo el país. Tiene un impacto en el P.I.B. español de más de 3.000 millones €, genera 110.000 puestos de trabajo directos y otros 250.000 indirectos. Además, beneficia a 200.000 hectáreas de regadío y a más de 44 millones de árboles frutales.
Esta gran infraestructura trae agua desde el río Tajo hasta la cabecera de Segura y la distribuye a las zonas regables. Hoy, gracias a este aporte de agua, se hace posible que casi tres millones de personas de las provincias de Albacete, Alicante, Murcia y Almería, puedan disponer, paulatinamente y desde hace ya 42 años, de recursos hídricos suficientes para atender su consumo doméstico. Tal es su importancia que la mitad del agua que se utiliza en los hogares del sureste procede del río Tajo, lo que nos dice que si no existiera se producirían importantes restricciones al suministro de las poblaciones e incluso en el tejido industrial.
Sin embargo, una vez más, el Gobierno de la Nación se pliega a las exigencias de un gobierno de su mismo color político, el Gobierno de Castilla la Mancha. Ya lo hizo al introducir una componente política en la Comisión Central de Explotación, dejando que la Mancomunidad de los pueblos ribereños de Entrepeñas y Buendía entrara a formar parte de esta comisión y dejara fuera a los usuarios de estas aguas en destino.
Y ahora, hace suyo uno de los argumentos que el Gobierno de Castilla La Mancha ha utilizado en los recursos interpuestos ante los trasvases autorizados, todos ellos desestimados por la Justicia en todos los casos, buscando una modificación de la norma que disminuyese el agua a trasvasar.
El Gobierno Central ha utilizado el Estado de Alarma y la Pandemia para intentar modificar el Memorándum en un intento más de cerrar el trasvase. Y el Ministerio acaba de dar un paso añadido en su objetivo de recortar los envíos del Trasvase Tajo-Segura, ya que ha propuesto rebajar el agua trasvasada en nivel 2 pasando de los 38 hm³/mes actuales a 27 hm³/mes, lo que supone un descenso de 11 hm³ en cada uno de los meses en los que se da esta situación, lo que perjudicaría gravemente al campo.
Este recorte no se queda aquí ya que la ministra Teresa Ribera quiere elevar los caudales ecológicos en el Tajo, otro paso más para ir dejando seco el Trasvase, en vez de apostar por la depuración y el saneamiento en esta cuenca, lo que tendría grandes beneficios medioambientales para todos y no llevaría aparejado un nuevo descenso del volumen trasvasable.
Ambas decisiones, tomadas de forma caprichosa y arbitraria, supondrán una merma del 39% del agua para el regadío y una subida del 22% de los costes el agua, además de romper el acuerdo político más importante en materia de agua en España, el Memorándum que, cabe recordar, fue aprobado gracias al consenso alcanzado por cinco comunidades autónomas los regantes del Trasvase y el Gobierno de la Nación.
Con estas modificaciones, el Gobierno Central muestra su hoja de ruta para cerrar el Trasvase Tajo-Segura buscando fórmulas para cumplir este propósito, negando un recurso que por Ley corresponde al Levante, rompiendo el consenso en materia hídrica y perjudicando a tres millones de españoles, penalizando así a las regiones que sí son eficientes en su uso y modélicas en su tratamiento y depuración.
Ejemplo de ello lo tenemos en las nueve autorizaciones ordenadas por el Ministerio de Transición Ecológica con la Cabecera del Tajo en nivel 3: por primera vez en la historia, la Ministra (o el Secretario de Estado por delegación de competencias) se salta el criterio de los técnicos y, por su decisión política, en nueve ocasiones autoriza envíos distintos a los propuestos por la Comisión Central de Explotación, incluso trasvases cero para regadío. Decisiones que siempre perjudican y castigan a regantes y agricultores levantinos y a la ‘Huerta de Europa’.
Esta sucesión de amenazas y atentados contra el Levante español, perpetrados de forma coordinada desde el Gobierno Central y el Gobierno de la comunidad autónoma de Castilla La Mancha, evidencian el plan del gobierno socialista y sus aliados para cerrar el trasvase Tajo-Segura.
La ministra Teresa Ribera quiere modificar el Memorándum, una norma elevada a rango de Ley, la 21/2015,de 20 de julio, aprobada en el Congreso de los Diputados. Un Memorándum que establece un marco jurídico impecable que permite que se trasvase agua, siempre y cuando se tengan cubiertas las necesidades de la cuenca cedente y existan recursos hídricos excedentarios en los embalses de Entrepeñas y Buendía.
La Región de Murcia y este Parlamento, donde reside la soberanía de los ciudadanos de la región, no va a tolerar ni a permitir más ataques al Trasvase Tajo-Segura. Lo vamos a defender siempre, con argumentos sólidos y ante quien sea necesario, y para ello haremos lo que sea preciso para llegar donde haga falta.
Tampoco aceptaremos ni permitiremos más campañas de desprestigio contra el sector agrícola del Campo de Cartagena, ya que esta actitud está derivando en graves consecuencias, con repercusiones negativas en los mercados tanto nacionales como internacionales, para los productos agrícolas que se producen en el campo murciano.
Por todo lo expuesto, pedimos al Pleno de esta Asamblea que a través de esta declaración institucional, acuerde su más absoluto rechazo a la modificación que pretende realizar el Gobierno de España de las reglas de explotación recogidas en el actual Memorándum del Trasvase Tajo-Segura, así como al anunciado incremento de los caudales ecológicos en el Tajo, por el grave perjuicio que ambas decisiones supondrían para el Levante de España.
