El fin de las mayorías absolutas en España fue el inicio de la verdadera negociación política pero esta transición ha sido cualquier cosa menos sencilla e inocua. Un buen ejemplo es lo que ha ocurrido desde 2015 en la Asamblea Regional y en los principales ayuntamientos de la Comunidad, siendo el año 2020 el más incumplidor con los plazos presupuestarios. El Consistorio capitalino llegó a retrasar la aprobación de sus cuentas de 2020 a sólo unos meses antes de que finalizara el año. Por su parte, el Gobierno regional de Cs y PP llegó a un dificultoso acuerdo con Vox a mediados de enero del año pasado pero los trámites burocráticos arrancaron en febrero. Hasta que no llegó el 21 de abril no se pudieron aprobar definitivamente los Presupuestos de la Comunidad. Esas cuentas que siguen vigentes ya nacieron desfasadas debido, entre otras cosas, a la virulenta irrupción de la pandemia. Esos Presupuestos se diseñaron a finales del año 2019 por lo que no tienen en cuenta el estallido de la covid y la crisis económica, social y sanitaria asociada.

Antes de que el Gobierno regional estallara en mil pedazos por la alianza entre socialistas y liberales, PP y Ciudadanos llegaron a reunirse hasta en cinco ocasiones sin lograr alcanzar un acuerdo, que finalmente llegó el pasado mes de enero para poco después romperse debido a la alianza entre socialistas y liberales que cristalizaría con las mociones de censura en la Asamblea y en el Ayuntamiento de Murcia.

Una de las consecuencias más devastadoras del terremoto político de marzo es que a mediados de abril la Región ni siquiera ha comenzado a tramitar los Presupuestos de 2021, el documento contable más importante y alrededor del cual gravita la supervivencia de muchos sectores productivos, el fortalecimiento del sistema sanitario regional, o la financiación de convenios y de paquetes de ayudas y subvenciones que necesitan los colectivos del tercer sector.

José María Albarracín, presidente de CROEM, sostiene que es «fundamental que se aprueben los Presupuestos porque de ellos dependen partidas destinadas a reactivar la economía y ayudar a las empresas, sobre todo las de los sectores más afectados por los efectos de la pandemia, como el comercio, el turismo, la hostelería, los hoteles y los espacios de ocio, entre otros». Recordó que el Plan Regional de Rescate de la Hostelería y el Turismo tuvo una primera entrega que ayudó a pymes y empresarios, pero está pendiente de liberar el segundo Plan de Rescate. «También el Plan de Ayuda al Comercio, que teníamos prácticamente ultimado», aseguró.

El retraso de los Presupuestos significa para el secretario general de UGT en Murcia, Antonio Jiménez, que la Región no pueda dar «respuesta inmediata a la pandemia en materia de servicios públicos esenciales como los sanitarios, educativos, sociales o de empleo». Tras lo vivido con la pandemia, Jiménez apuesta por unas cuentas que den un giro «a nuestro modelo de crecimiento y el fomento del empleo de calidad». «Eso es lo que necesitan el millón y medio de murcianos y no estamos para estos juegos políticos que parece que no nos afectan pero la factura de ineficacia la vamos a pagar todos», aseguró el líder sindical.

Para el presidente de la Federación Regional de Empresarios del Metal de Murcia (FREMM), Alfonso Hernández, entre las necesidades que deben afrontar los Presupuestos está la dotación de personal a las empresas del sector del metal, por lo que estimó «urgente» la construcción de un centro de formación en la Comarca de Cartagena. «Es un proyecto estratégico a fin de solucionar la demanda de empleos cualificados que se detecta en la zona», afirmó. Según la FREMM, el centro impulsaría la creación de nuevos puestos de trabajo y una mayor empleabilidad «de trabajadores y desempleados, dentro de un sector que está inmerso en una verdadera transformación digital con una clara apuesta por las energías limpias y la economía circular», sostuvo Hernández.

Por su parte, el presidente de Hostemur, Jesús Jiménez, asegura que el retraso tiene «un efecto directo y sangrante en su sector; el pasado mes de enero alcanzamos un acuerdo con el Gobierno regional de un segundo Plan de Rescate que lamentablemente está supeditado a la aprobación de los presupuestos regionales».

Ese plan tenía una dotación de 37 millones de euros para el sector de la restauración, 10 de ellos para el alojamiento y 5 millones para el ocio nocturno y salones y celebraciones. «Esos dos últimos sectores no recibieron ayudas en el primer plan de rescate y tienen impedida prácticamente la ejecución de su actividad, al igual que los hoteles con los cierres perimetrales», destaca Jiménez.