Si el pin parental acaba implantado el próximo curso escolar en la Región de Murcia, los padres contarán con una herramienta más para mostrar su desacuerdo, o también su conformidad, con esta medida que ya está en la cabeza de la nueva consejera de Educación, Mabel Campuano.
La actual legislación educativa estatal, la Lomloe, vuelve a dar voz y voto a la comunidad educativa dentro de los consejos escolares de los centros educativos. La representación es asumida por los padres y estudiantes, que tendrán la capacidad de decidir sobre las cuestiones más importantes que atañen a los colegios e institutos, y entre ellas estará la de proponer medidas educativas que fomenten «el reconocimiento y la protección de los derechos de la infancia».
Bajo este pretexto, los representantes de la comunidad educativa podrían presentar iniciativas como la de formalizar una declaración de intenciones o institucional del centro educativo para rechazar el veto parental. Estas acciones deberían contar con el apoyo del resto de miembros del consejo escolar (equipo directivo, profesores, personal de administración...), pero de ser así, una voz crítica llegada desde un centro educativo contra la medida de la consejera expulsada de Vox no sería un hecho menor.
Como ejemplo paralelo, el claustro de la Universidad de Murcia ya llevó a cabo y aprobó una declaración institucional en febrero de 2020 en la que rechazaba la implantación del pin parental en las aulas. Esto ocurrió durante el año escolar en el que la medida estaba integrada en las instrucciones de inicio de curso y por tanto estaba en vigor la autorización que debían dar los padres, aunque el Tribunal Superior de Justicia de Murcia paralizó de forma cautelar la medida. La UMU instó «a la eliminación de la autorización por parte de padres y madres de las actividades complementarias que han venido siendo denominadas como ‘pin’ o ‘veto’ parental», señalaba la declaración.
De rango superior
El consejo escolar aprueba la programación general anual, donde se incluyen las actividades complementarias y curriculares que el centro quiere ofrecer a sus alumnos. Hasta ahora la promesa del Gobierno regional era materializar el pin parental modificando el decreto de currículo de las etapas de Primaria, Secundaria y Bachillerato, pero por el momento se está estudiando una fórmula que permita esquivar una paralización judicial. Campuzano ya ha anunciado que el silencio de los padres ante la autorización será positivo. «Al estar reflejado el pin parental en una norma de rango superior como es el decreto de currículo, prima sobre lo aprobado por el consejo escolar», lamenta el diputado socialista en la Asamblea, Antonio José Espín, quien remarca que la autorización «no tiene base legal» y que sea como sea la fórmula escogida, «los tribunales lo volverán a tumbar».
Desde organizaciones como la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos/as de la Región de Murcia (FAPA-RM) y la Confederación de Padres de Alumnos (Confapa) ya apuntan que estas iniciativas serán mecanismos que previsiblemente los padres podrán emplear en los claustros para buscar el posicionamiento de un colegio o institución contra la política de la ex de Vox. Recuerdan incluso que ya hubo varios centros que se pronunciaron en el curso 2019/2020.
«Cuando no teníamos la capacidad para decidir cuestiones dentro de los consejos escolares, ya hubieron varios escritos en contra del veto parental. E incluso se presentaron modelos de autorización para que las familias dieran su consentimiento al centro para que no les preguntara sobre las actividades a las que debían ir sus hijos», recuerda Paqui López, de la FAPA, quien ya ha pedido una reunión con el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, para valorar las consecuencias las políticas educativas que Campuzano quiere llevar a cabo. José Antonio Abellán, presidente de Confapa, también anuncia que formalizarán mociones para presentarlas en los ayuntamientos murcianos y que puedan ser aprobados por el pleno municipal.
Recursos judiciales
López y Abellán adelantan también una cascada de recursos judiciales contra el veto parental, que se sumaría al del Ministerio de Educación, cuya titular, Isabel Celaá, anunció la pasada semana que volvería a emprender estas acciones por ir «contra la ley». Sindicatos e incluso la FAPA ya presentaron estos recursos cuando la anterior consejera de Educación, Esperanza Moreno, implantó el veto parental hace dos cursos.
