Las poderosas firmas de dos antiguos rectores de la Universidad de Murcia y varios exdecanos de la Facultad de Educación están presentes en un escrito dirigido a la consejera Mabel Campuzano donde se desmontan las principales políticas educativas que la expulsada de Vox quiere implantar desde su nuevo departamento en el Gobierno regional. Desde las críticas de la consejera a la nueva ley de Educación (Lomloe) hasta las medidas que quiere promover como el pin parental o el bono escolar, los profesores de la UMU acusan a Campuzano de promover un sistema educativo que «separa, divide y segrega, no cohesiona ni une».

«La interpretación constitucional de la libertad de enseñanza que subyace en su escrito (en referencia al documento que elaboró la consejera anunciando sus políticas educativas), resulta parcial y sesgada», señalan los firmantes, quienes recuerdan que no solo debe centrarse en los artículos de la Constitución española que mencionan la libertad de creación de centros o al derecho de las familias, no a «decidir ‘la educación de los hijos’, como usted dice de forma un tanto burda, sino a que sus hijos ‘reciban la formación religiosa y moral acorde con sus convicciones’». Todos los derechos y libertades tienen un límite y no son absolutos, recuerdan los catedráticos de la UMU, ya que debe contarse con la libertad de cátedra de los docentes, la existencia de un ideario educativo constitucional y la Convención de los Derechos del Niño de 1989 ratificada por España en 1990.

El escrito, que está publicado en la plataforma Change.org desde ayer y ha recogido ya más de 700 firmas, está secundado por los exrectores de la UMU José Orihuela y Juan Monreal, junto con catedráticos y antiguos decanos de la Facultad de Educación como Antonio de Pro Bueno, Concepción Martín o Juan Manuel Escudero, entre otras personalidades de la comunidad educativa.

Respecto al bono escolar, los expertos detallan que supondría su implantación «la total privatización del sistema educativo; es decir, la consideración como privados, por la Consejería que usted regenta y a todos los efectos, de los centros y el profesorado del sector público». Muestran su rechazo al pin parental, «una cuestión sin base legal que no responde a problemas reales de los centros educativos», y a la falta de mención por parte de la consejera de los «recortes en la financiación de la educación sufridos en los últimos años, a la situación laboral y profesional del profesorado o al incremento de las desigualdades educativas y culturales a consecuencia de dichos recortes, de la política educativa seguida en esta Comunidad Autónoma o de la crisis provocada por la pandemia».

Piden ante todo que la política que marque ahora el rumbo de la Consejería se centre en reducir la tasa de abandono escolar y atender el bajo nivel educativo de la población adulta y al «30% de la población menor de 18 años en riesgo de exclusión socioeducativa».