Aunque el PP en su momento fue crítico con el estado de alarma decretado por el Gobierno de la nación, no lo respaldó en el Congreso cuando había que votarlo y acusó a Pedro Sánchez de querer acumular un poder que ellos exigían se delegase en las comunidades, ahora parece que el partido ha cambiado de idea. El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, calificaba ayer de «precipitado» y «alejado de cualquier criterio técnico y sanitario» el fin del estado de alarma anunciado por el jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, para el próximo 9 de mayo.

López Miras mostró su desacuerdo con esta decisión, que se produce «a un mes vista», según él (aunque lo cierto es que la fecha se sabía, puesto que fue anunciada ya cuando se decretó el estado de alarma vigente ahora mismo) y cuando las comunidades «aún tenemos que hacer frente a una cuarta ola» de la pandemia de coronavirus.

Mientras, la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, explicó ayer que el fin del estado de alarma supondrá el levantamiento de las medidas «generales» que, como el toque de queda, requieren de este «paraguas» legal. Eso sí, ha defendido que, con el aval de los tribunales y amparándose en la legislación ordinaria, las comunidades autónomas podrán seguir tomando medidas para limitar la movilidad dentro de sus territorios, como ya se hizo a mediados de 2020, tras la desescalada.

«Las comunidades ya tuvieron medidas de contención del movimiento y de la limitación a la actividad pero no desde ese paraguas, que es general. Por tanto ya lo hemos experimentado, no es una iniciativa nueva», ha argumentado en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, al ser preguntada sobre cuál es el escenario que se abrirá cuando decaiga el 9 de mayo el estado de alarma, como prevé el Gobierno, si la pandemia de coronavirus no repunta y la incidencia se mantiene en niveles bajos.

En este sentido, Montero ha asegurado que lo que acabarían entonces «son las medidas generales». «Pero lo que no acabará nunca es la competencia que tienen las comunidades para delimitar cuáles son las medidas de seguridad que en su territorio se pueden poner en marcha. Eso es algo importante», ha apostillado.

A este respecto, ha defendido que «tanto la legislación ordinaria» como el «refuerzo» del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) «lo permite, sin tener que recurrir al estado de alarma si no es imprescindible». Preguntada en concreto por los cierres perimetrales, Montero ha asegurado que «podrían desaparecer dependiendo de la incidencia que exista en cada territorio», pero ha admitido que cada territorio puede «poner en marcha algún tipo de medida de restricción que entienda que es conveniente para que no se produzca un incremento en el número de contagios».

Por otro lado, la Dirección General de Tráfico (DGT) desmintió este miércoles que vaya a multar a personas que no lleven puesta la mascarilla cuando viajen en coche. Tráfico emitió un comunicado tras las noticias aparecidas en medios de comunicación en los últimos días sobre que la DGT sancione a las personas no convivientes que no tengan la mascarilla puesta en el interior del vehículo, con multas de 80 a 500 euros y pérdida de puntos en el carné de conducir. «No es sancionable», subrayó la DGT.