Un ejemplo de adjudicación a dedo valiéndose del sistema de contrato para emergencias. Así es como califica Civio la concesión que realizó el Gobierno regional de la gestión de la televisión pública autonómica el marzo pasado aprovechando la situación en la que estaba la comunidad en plena primera ola de coronavirus.

Civio, la ONG que lucha contra la opacidad en las instituciones, destaca la adjudicación de la gestión la televisión pública de Murcia, el 31 de marzo de 2020, como ejemplo de contrato tramitado sin necesidad por el proceso de emergencia, un sistema que permite asignar contratos a dedo de forma rápida, sin abrir expediente, sin controles ni transparencia. Se trata de la modalidad más rápida que contempla la Ley de Contratos y puede recurrirse a ella en situaciones que supongan un grave peligro, ante necesidades que afecten a la defensa nacional o durante acontecimientos catastróficos.

El pasado 31 de marzo de 2020 España ya se encontraba confinada por el crecimiento de los contagios de coronavirus. Por ese motivo se permitió el uso de este trámite para comprar material sanitario necesario con el que hacer frente a la pandemia. No obstante, desde Civio llaman la atención sobre la difícil justificación que podía tener que el contrato de la televisión pública de la Región se adjudicara precisamente en ese momento a CBM Grupo Secuoya, la empresa que la había estado gestionando hasta entonces.

La explicación que dio el Gobierno regional para recurrir a este trámite de emergencia para el contrato de la televisión pública fue que no habían podido conceder a tiempo el concurso abierto que habían convocado, según recogió la ONG. Sin embargo el contrato empezó en 2015 y se había prorrogado tres veces. Esta última prórroga acababa el 30 de abril de 2020 y no fue hasta el 25 de febrero que pusieron en marcha el contrato. Por lo que ante estos plazos tan ajustados no hubiera sido posible incluso sin pandemia.

Por otro lado, también explicaron que la televisión es un servicio de carácter esencial en situaciones de catástrofes y no aprobar ese contrato suponía un "significativo peligro para la salud y la vida de las personas".

Así las cosas, el Gobierno regional aprobó el contrato de emergencia por valor de 744.000 euros al mes hasta que se eligiese ganador del concurso por la vía ordinaria.