Aún no se ha decidido qué consejería ocupará uno de los tres diputados expulsados de Vox en el nuevo Gobierno de Fernando López Miras, pero las negociaciones continúan y el Partido Popular ha conseguido ya el apoyo necesario para sacar adelante las cuentas regionales de 2021.

«Quiero transmitir el mensaje de que este Gobierno va a dar estabilidad y certidumbre a los murcianos. Que nadie trate de distorsionar lo importante», subrayó ayer el secretario general de los populares murcianos, José Miguel Luengo, tras salir de la reunión celebrada en la sede del PP en Murcia.

Durante la sesión de la moción de censura de la semana pasada, el portavoz popular en la Asamblea, Joaquín Segado, recordó que cuando Ana Martínez Vidal era consejera exigió como moneda de cambio para apoyar las cuentas públicas aumentar el presupuesto de Empresa, Industria y Portavocía, así como administrar dos millones de euros para manejar la publicidad de las cuatro consejerías de Ciudadanos (el 40% de la publicidad del Gobierno regional). Estas exigencias ya no existen y, por tanto, los parlamentarios díscolos de Vox no han ofrecido resistencia en este aspecto, como tampoco lo hicieron los tres disidentes naranjas el día anterior.

Luengo coincide con Juan José Liarte, portavoz del Grupo Parlamentario Vox, en resaltar «la importancia» de los presupuestos de la Comunidad «como un instrumento esencial para afrontar con éxito la recuperación económica». Recuerdan que este año la Región dispondrá de 600 millones de euros más para «fortalecer la sanidad, la educación y los servicios públicos esenciales».

Liarte, por su parte, explicó que su equipo sigue trabajando en las «líneas programáticas» del nuevo Ejecutivo regional, algo que debe ir unido a los presupuestos, ya que «lo contrario sería generar falsas expectativas».

El proyecto de ley, según confirmaron los populares, «está prácticamente ultimado».

Guiño a Política Social

Otro de los aspectos abordados fue la Ley de Servicios Sociales, cuya tramitación acordaron «acelerar». Actualmente la norma se encuentra en período de presentación de enmiendas en la Asamblea Regional. Se trata de una ley «esencial» en estos momentos de pandemia ya que «garantiza las prestaciones, asegura su universalidad y corrige las desigualdades entre los municipios en la atención social», explicaron.

Entre sus prestaciones se incluyen, entre otras, la renta básica de inserción, ayudas a la atención de necesidades personales esenciales en situaciones de urgencia y emergencia social y prestaciones para mujeres víctimas de violencia machista sin recursos económicos. También se encargará de la intervención familiar para la protección de menores en riesgo o desamparo, atención temprana para niños de hasta 6 años con discapacidad o con riesgo de padecerla, atención a la dependencia y teleasistencia para mayores de 80 años que la soliciten.

Cuando esta ley comenzó a tramitarse, Juan José Liarte rechazaba apoyarla: «O aislamos esta ley de esas cuestiones no constitucionales como que el sexo es determinante en el acceso a servicios o tendremos que votar que no». Esa cuestión parece habe dejado de ser determinante. El dirigente conservador asegura que planteará enmiendas a la nueva norma cuando llegue el momento.

«Voluntad de integración»

En el encuentro, Liarte insistió en «la voluntad de integración» en el proceso de reunificación del centro derecha emprendido por el Partido Popular desde «una integración colaborativa y bajo los principios de un proyecto de regeneración política necesario para toda España».

Además de él y Luengo, en la reunión participaron también el portavoz parlamentario, Joaquín Segado, el consejero de Presidencia de Hacienda, Javier Celdrán, y los diputados regionales Mabel Campuzano y Francisco Carrera.

El PP ya llama «diputados libres» a los de Liarte

En sus declaraciones posteriores a la reunión, José Miguel Luengo se refirió a Juan José Liarte, Mabel Campuzano y Francisco Carrera como «diputados libres de la Asamblea Regional», un término acuñado por los propios afectados. Los tres diputados fueron expulsados de Vox tras tomar el control de las cuentas corrientes del Grupo Parlamentario de la formación de Santiago Abascal y despedir a cuatro trabajadores sin el permiso de la dirección nacional. Desde entonces, el único diputado de Vox es Pascual Salvador.