«El día que firmamos el contrato el hombre de la agencia nos comentó que, si queríamos seguir en ese piso el año siguiente, nos iban a subir el precio alrededor de 50 euros por persona», indica Rosa Zaplana, estudiante universitaria. Apunta que «antes de que nos confinaran, nos fuimos a nuestras casas porque nos imaginábamos lo que iba a pasar y dejamos nuestras cosas en el piso. Día sí y día también nos mandaban mensajes exigiendo o el pago o la recogida de nuestras cosas y que si no lo hacíamos nos iban a denunciar, pese a haberse quedado con la fianza». Entonces «ni nosotras podíamos desplazarnos ni ellos podían alquilar el piso. Preguntamos a la Guardia Civil para saber si podíamos ir a recoger nuestras cosas, pero nos dijeron rotundamente que no. Que no podíamos ir y tampoco podían exigirnos que fuésemos a por ellas», dice.
