Está en trámite un real decreto sobre la protección de las aguas contra la contaminación difusa producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias. Con esta nueva regulación se pretende dar respuesta al reproche que la Unión Europea ha dirigido contra el reino de España porque los instrumentos jurídicos vigentes en la actualidad no han sido eficaces para reducir esta contaminación.

Si la vigente regulación ha fallado es porque la presencia de nitratos en las aguas se ha atribuido casi exclusivamente a fuentes agrarias sin tener en cuenta otras causas como la fijación natural de nitrógeno atmosférico, las actividades urbanas o los abastecimientos de agua potable, causas que en España influyen de manera significativa en dicha contaminación.

Sin embargo, en nuestro país se ha seguido el camino más fácil, cargar a agricultores y ganaderos con la culpa de contaminar las aguas, principalmente las aguas subterráneas, sin que en todos los casos se tenga claro el origen del nitrato disuelto en las mismas. Y con ello han provocado el rechazo social de la actividad agraria poniendo en riesgo grave el desarrollo sostenible en muchas comarcas de España.

Para evitar este estado de opinión debido al fallo del ordenamiento, la nueva regulación emprendida en este caso por el Gobierno debería establecer como obligatorio el análisis isotópico del nitrato disuelto en las masas de agua para saber si es agrario o de otro origen y, en consecuencia, establecer las necesarias estrategias para prevenir la contaminación mediante un reparto justo de las cargas correspondientes. Esta imprevisión afecta al cumplimiento del principio de eficacia que la norma debiera cumplir y en este caso no llega a hacerlo.

La ausencia de generalidad en el estudio de la presencia de nitrato en las masas de aguas se aprecia cuando en el proyecto, sin justificación alguna, se fija en 37,5 mg/l el límite de la concentración de nitratos para determinar las zonas cuya escorrentía debe fluir hacia los puntos afectados por contaminación. Este dato puede resultar contradictorio con el valor de 50 mg/l establecido como límite máximo de la presencia de nitrato en el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. Contradictorio porque pone al descubierto que se enfatiza la contaminación por causas agrarias mientras el agua de abastecimiento puede aportar hasta 50 toneladas de nitrato por cada hectómetro cúbico del agua que llega a nuestros hogares. Nitrato que, sin duda, acabará sobre el medio ambiente; por ejemplo, ello podría suponer una aportación de más de 1.500 toneladas de nitrato cada año en la comarca del Campo de Cartagena.

Además, en el texto cuya aprobación se prevé en breve, se menciona las zonas de alta infiltración al subsuelo sin que previamente hayan sido definidas, lo que genera inseguridad jurídica pues su determinación quedará al arbitrio administrativo.

El proyecto atribuye a las Administraciones competentes en materia de aguas y medio ambiente un conjunto de cargas administrativas sin prever la implementación de medios personales y materiales para facilitar su cumplimiento. Es decir, que viene a infringir el principio de eficiencia que debe informar una buena regulación.

No obstante, el proyecto que se va a someter en breve al Consejo Nacional del Agua tiene de positivo que, mediante modificación del Real Decreto 817/2015, promueve la incorporación al ordenamiento español no sólo del concepto de eutrofización sino también de una incipiente regulación del mismo. Tal vez por ello pudiera servir de cartilla para que alguno de los expertos que acuden a los juzgados para criminalizar a los agricultores aprenda lo que es estado eutrófico de una masa de agua y no lo confunda con los procesos de eutrofización. También que la eutrofización se determina tomando en consideración la presencia de fosfato y clorofila en las aguas.

Desgraciadamente, hablar de nitratos en esta Región es hablar de agricultores y ganaderos y no de gestores de agua de abastecimiento o de aguas residuales o simplemente de los procesos naturales de fijación de nitrógeno atmosférico que representa más del 75 % del aire que respiramos.

La noticia de una nueva regulación sobre los nitratos de origen agrario es motivo de inquietud para quienes sabemos el peligro que para el campo representa poner en manos de los radicales criterios que exacerben sus prejuicios.

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