7.005 de las 8.460 hectáreas de regadío sin derecho de aprovechamiento de agua que se ubican en el Campo de Cartagena ya cuentan con una denuncia ante la Confederación Hidrográfica del Segura tras ser inspeccionadas en los últimos meses y años por los agentes medioambientales. El organismo de cuenca, que redujo la superficie de regadío ilegal en la cuenca del Mar Menor de 9.500 a 8.640 hectáreas, señala que una vez comprobados los datos del titular de los cultivos sin derecho de riego, se han incoado expedientes sancionadores por 5.952 hectáreas hasta principios de marzo, de las cuales 2.964 hectáreas tienen ya resolución sancionadora y 2.988 se encuentran en trámite el expediente sancionador.
En total, el organismo de cuenca manifiesta que a la Comunidad Autónoma ya se han remitido 129 expedientes sancionadores, cinco más que los últimos datos facilitados en diciembre, con resolución sancionadora firme en vía administrativa, por un total de 2.236,19 hectáreas.
A principios de marzo, la Comunidad informó que ya hay 22 expedientes con resolución firme para que los propietarios restauren sus terrenos y devolverlos a su estado original. Otros 50 ya están iniciados y 65 en trámites previos a la apertura de expediente.
La CHS indica que las inspecciones todavía no han terminado y estiman que estas labores sobre el terreno estarán terminadas en diez meses por parte de los Agentes Medioambientales. «una vez se disponga de todos los boletines de denuncia y realizado el trabajo de oficina será necesario otro año para la completa tramitación de los correspondientes expedientes sancionadores. No obstante eso no significa que no se siga inspeccionando la zona, para comprobar si se ha dejado de regar en las superficies sin derechos inscritos en el registro de aguas», señalan desde la Comisaría de Aguas.
En diciembre la Confederación destacó que de los expedientes abiertos para sanción, se había constatado que 500 hectáreas de las 8.460 habían dejado de regar, o no se encontraban en riego en el momento de las inspecciones. A día de hoy esa cifra es similar, señalan, «pero nada más que representan a esos 65 expedientes iniciales de 2018 sobre un total aproximado de 1000 hectáreas denunciadas inicialmente».
Medidas cautelares por contaminación del acuífero
La CHS ha llevado a cabo una catalogación de los cultivos en las superficies con derechos en la franja de 1.500 metros en torno al Mar Menor, en función de las medidas cautelares que aprobó ante el riesgo de contaminación. Entre ellas, la imposibilidad de infiltrar al acuífero las aguas de retornos de riego con contenido en nitrógeno y limitación a la fertilización orgánica e inorgánica en la zona 0. Hasta diciembre se identificaron 310 hectáreas de leñosos y 356 de hortícolas en riego, junto a 564 sin cultivar (susceptibles de ser cultivadas). «Las cautelares aprobadas están vigentes y la CHS está realizando estudios para conocer su implantación, pero todavía no se dispone de resultados».
¿Cómo se están desarrollando las medidas de la ley del Mar Menor?
Obligación de monitorizar el riego, medir con sensores los fertilizantes empleados, vigilar el estado de las barreras vegetales y comprobar su plantación o disponer en los invernaderos de estructuras de recogida de agua. La Ley de Recuperación y Protección del Mar Menor continúa su desarrollo y puesta en marcha de algunos mecanismos recogidos en el articulado. Frente a esto ha estado la crítica de partidos como el PSOE o Podemos, que denuncian que medidas contempladas en la ley y que van dirigidas a controlar las explotaciones agrícolas y el uso, por ejemplo, de fertilizantes que emplean no se está cumpliendo. La Consejería de Agricultura señala que sí, que aspectos como las inspecciones en parcelas para comprobar la monitorización del riego o si tienen instalados sensores para medir los nitratos empleados ha comenzado ya, aunque desde principios de febrero (fecha de entrada en vigor de dicha medida) y hasta el 3 de marzo se habían realizado 14 inspecciones ordinarias. «El pasado año 2020 se recibieron 858 comunicaciones del volumen real de agua tomada por fuente de suministro», añaden.
El Plan de Inspección de Explotaciones Agrícolas aprobado en septiembre de 2020 es la base legal por la que se llevan a cabo las revisiones de las explotaciones para comprobar si los titulares cumplen la ley. El manejo de restos de cultivo o el abandono de estos, las estructuras de recogida de lluvias en invernaderos, el uso del 5% de la superficie de cada explotación para destinarla a elementos de retención de nutrientes, el manejo correcto de los restos de plásticos..., Agricultura subraya que ya existe un control sobre estos aspectos recogidos en la ley del Mar Menor, algo que han puesto en duda socialistas y miembros regionales de Unidas Podemos.
Con respecto al Consejo del Mar Menor, la Consejería asegura que ya se ha elaborado el borrador de Decreto y en las próximas semanas comenzará su tramitación. «En breve se dará a conocer su composición y régimen de funcionamiento». De este Consejo depende los informes anuales que recogen en qué punto está cada medida de la ley. El primero de ellos «está previsto presentarlo antes de que se cumpla un año de la entrada en vigor de la Ley de recuperación y protección del Mar Menor, es decir, antes del 2 de agosto de 2021. En el informe se valorará el grado de ejecución y cumplimiento de las medidas previstas en la presente ley». Agricultura recuerda que el consejero Antonio Luengo pidió comparecer a petición propia en la Asamblea para dar cuenta del avance de las medidas, pero todavía no se le ha citado.
Otros puntos pendientes son el programa de actuación sobre las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos de origen agrario, algo que está sometido a una Evaluación Ambiental Estratégica.
