El Gobierno regional tendrá que negociar a partir de ahora para sacar adelante los Presupuestos de la Comunidad de 2021 y las leyes que están en trámite en la Asamblea Regional, como la convalidación del decreto que establece sanciones contra los okupas en la Región. El Ejecutivo debe contar con cuatro sensibilidades distintas: el PP los, expulsados de Cs, los expulsados de Vox y el diputado que sigue en Vox.

Vox recupera el pin parental para aprobar las cuentas

La negociación de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2021 será el primer escollo al que tendrá que enfrentarse el presidente. Cuando saltó la noticia de la moción de censura el PP y Vox estaban cerrando un preacuerdo que recuperaba el pin parental, una de las exigencias que el pasado año chocó precisamente con la oposición de la vicepresidenta, Isabel Franco. Finalmente fue aceptado para salvar unas cuentas que no llegaron a aplicarse, porque la pandemia lo cambió todo. Vox también reclama exenciones para las familias numerosas y otras medidas como las ayudas para evitar que las embarazadas aborten y un plan de cuidados paliativos alternativo a la eutanasia.

Por su parte, los expulsados de Vox que lidera Juan José Liarte reclaman el cumplimiento de las cláusulas aprobadas hace un año, entre las que se incluye la limitación de las ayudas a la patronal y a los sindicatos a programas de actuación concretos y la construcción de la carretera de Benizar, la pedanía de Moratalla que lleva años quejándose del abandono.

Liarte ve inconstitucional la privación de las ayudas

El decreto aprobado por el Consejo de Gobierno en octubre de 2020 que establece sanciones a los okupas, convirtiendo a Murcia en la primera comunidad que impone este tipo de castigos a la invasión de viviendas ajenas, también acabó tramitándose como proyecto de ley y está en trámite en la Asamblea Regional. A cambio de apoyar los presupuestos de 2020, Vox pretende endurecer aún más el castigo a los okupas, privándolos de las ayudas públicas que concede la Comunidad. Sin embargo, el portavoz de los diputados expulsados de Vox, Juan José Liarte, ya avanzó cuando se dieron a conocer las exigencias de la formación de Abascal para aprobar las cuentas de este año que es inconstitucional «castigar dos veces a una persona por el mismo ilícito». A los problemas legales que presenta el texto del decreto se suman ahora las discrepancias entre las dos corrientes que conviven dentro del Grupo Parlamentario Vox, en el que coexisten el diputado con carné, Pascual Salvador, y los tres parlamentarios a los que el partido dio de baja.

Fue retirada por Ballesteros para consultar a los ciudadanos

La reforma de la Ley de Buen Gobierno y el Código Ético del Cargo Público es otra de las incógnitas que plantea la nueva coalición de la que depende el Gobierno. La modificación prevista en el texto vigente sobre la reprobación de los altos cargos que se han vacunado antes de tiempo fue retirada por la exconsejera de Transparencia Beatriz Ballesteros con el propósito de recoger las iniciativas planteadas en una encuesta pública; pero es posible que esta reforma no llegue a la Asamblea.

Está en trámite desde junio y ha sido reclamada por el CES

También está en trámite desde junio la Ley de Servicios Sociales, que debe sustituir a un texto vigente desde 2003 y que ha sido reclamada de forma reiterada por el Consejo Económico y Social para ordenar todas las ayudas y prestaciones que ofrece la Comunidad.