Las comunidades autónomas han venido realizando en los últimos años tímidos esfuerzos para aumentar los fondos que destinan a ayudas al desarrollo pero siguen aún muy lejos del objetivo del 0,7 por ciento del PIB, según se desprende del informe publicado por la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo y la Red de Coordinadoras Autonómicas.
El documento, que analiza datos de 2018 y 2019 de la cooperación autonómica, pone de manifiesto igualmente la disparidad existente entre las distintas regiones, con Euskadi y la Comunidad de Madrid en los extremos. Así, la primera destinó más de 20 euros por habitante en 2019 a cooperación al desarrollo mientras que la segunda solo destinó 0,61 euros.
A nivel nacional, la media del presupuesto destinado a cooperación al desarrollo es del 0,11 por ciento --en 2018 fue de 0,10 por ciento--, un dato muy alejado del máximo histórico alcanzado en 2008, cuando ascendió al 0,28 por ciento del PIB. La "tímida tendencia de mejora no responde ni al crecimiento económico ni a las enormes necesidades del momento", sostienen los autores del informe, que defienden la necesidad de "un mayor esfuerzo".
No obstante, las diferencias entre comunidades autónomas son considerables. Así, tres de ellas --Euskadi, Extremadura y Navarra-- destinan ya el 0,20 por ciento y en el caso del País Vasco se sitúa en el 0,30, mientras que entre el 0,10 y el 0,19 por ciento se sitúan otras cinco --Andalucía, La Rioja, Asturias, Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares--.
Por debajo del 0,09 encontramos al principal grupo, compuesto por ocho regiones --Cantabria, Aragón, Galicia, Castilla y León, Castilla La Mancha, Comunidad de Madrid, Murcia y Canarias--. En el caso de las islas Canarias, son la comunidad que menos fondos destinan, tan solo un 0,009 por ciento.
En lo que se refiere al presupuesto por persona y año, el listado registra algunas variaciones. Así, junto a Euskadi destinan más de 10 euros Navarra y Extremadura. La mayoría de las comunidades autónomas se sitúan en el bloque entre 6 y 1 euro, con una media entre ellas de 3,93 euros --La Rioja, Andalucía, Asturias, Baleares, Cataluña, Comunidad Valenciana, Cantabria, Aragón, Castilla y León, Galicia y Castilla-La Mancha--.
Las únicas regiones que destinan menos de un euro por habitante y año son Madrid, Canarias y Murcia. Entre estas tres comunidades destinaron de media 0,46 euros en 2019, de acuerdo con el informe.
RIESGO DE QUE LA COOPERACIÓN SEA MONEDA DE CAMBIO
Ante estos datos, desde la Coordinadora y la Red de Coordinadoras Autonómicas han dado la "voz de alerta", advirtiendo de que en el contexto actual de pandemia existe el riesgo de que la política de cooperación se use como "moneda de cambio y que, con la excusa del 'primero los de aquí' se reduzca significativamente su presupuesto".
En opinión de ambas organizaciones, "esto sería un gravísimo error, porque si algo ha demostrado la pandemia es que todo el mundo sale de esto o no sale nadie", de ahí la necesidad de reforzar la cooperación en todos los ámbitos, incluido el autonómico.
Por otra parte, en la elaboración del informe han podido constatar la necesidad de reforzar las capacidades del sistema para alcanzar mayores niveles de ejecución y eficacia así como "la escasa transparencia y la nula homogeneidad en los mecanismos de medición" de la ayuda destinada al desarrollo por las distintas comunidades autónomas.
Así las cosas, teniendo en cuenta que el sistema de cooperación al desarrollo se encuentra inmerso en un proceso de reforma --el Gobierno prevé adoptar una nueva Ley de Cooperación y reformar la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID) entre otros--, el informe hace toda una serie de propuestas.
En primer lugar, que se destinen más fondos y que se apruebe un calendario con vistas a alcanzar el objetivo del 0,7 por ciento del PIB. Además, plantea compromisos concretos con el fortalecimiento de la educación para la ciudadanía global, una cuestión clave en un contexto en el que aumentan los discursos de odio.
Por otra parte, reclaman un refuerzo de las capacidades, ya que no se puede continuar con las que hay desde hace años, y una mejora de la transparencia, con la creación de mecanismos para poder comprobar los fondos que se destinan a ayuda al desarrollo.
Igualmente, consideran necesario homogeneizar criterios para contabilizar la ayuda oficial al desarrollo autonómica, puesto que en la situación actual no se puede analizar con detalle y con perspectiva, así como flexibilizar la burocracia para facilitar el trabajo de todos los actores implicados en la cooperación.
