Alrededor de medio centenar de personas se han concentrado este miércoles ante la Delegación del Gobierno central en la Región de Murcia para exigir que se acabe con el fraude de ley que supone que los empleos temporales supongan 3 de cada 10 del total en la administración pública en esa comunidad.

Lo han hecho convocados por el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza (Sterm)-Intersindical cuando hace casi un año justo de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que instaba el 19 de marzo al Ejecutivo español a poner fin al "abuso sistemático de la temporalidad y a penalizarlo".

Pero hay contratos concatenados durante hasta 15 años "sin que se haya dado lugar a ningún proceso de consolidación ni estabilización en el empleo" para hacer fijos a esos trabajadores.

En la comunidad murciana, el personal interino y laboral temporal público de educación, sanidad, la administración local u organismos dependientes del Gobierno autonómico, como el Instituto Murciano de Acción Social, figura entre los 800.000 de toda España en esta situación.

Contra ella también se manifestaron el pasado domingo junto a otras organizaciones y se prevén más protestas para "mantener la presión social hasta que se dé una respuesta política" al problema, señala Intersindical.

La directiva europea 1999/70/CE estipulaba hace 22 años en sus cláusulas 4 y 5 que ese personal no puede ser contratado para cubrir vacantes permanentes y estructurales, sino solo para resolver cuestiones justificadas de necesidad y urgencia, han recordado en la lectura del manifiesto leído durante la concentración esta tarde.