Vox también quiere que la Comunidad Autónoma dé un paso más y castigue a los okupas por invadir ilegalmente viviendas ajenas. El principio de acuerdo alcanzado con el PP establece también medidas para impedir que los autores de la ocupación de viviendas queden excluidos de cualquier ayuda social de la Administración regional.
El Ejecutivo regional se ha mostrado muy activo en los últimos meses y el pasado mes de octubre aprobó un decreto que establecía medidas de lucha contra la ocupación irregular de viviendas en la Región de Murcia, con el objetivo de «frenar el movimiento ‘okupa’ en el territorio regional».
El decreto aprobado por el Ejecutivo para reformar la Ley de Vivienda, que finalmente se tramita como proyecto de ley, ya establecía multas de hasta 90.000 euros para los okupas, que convertían a la Región en la primera comunidad con este tipo de sanciones. También contemplaba una penalización que impedía a los okupas «optar a la propiedad de una vivienda social pública en la Región a quien hubiese sido condenado penal, civil o administrativamente por ocupación ilegal en los últimos diez años». A las multas y a las penalizaciones impuestas por la Comunidad en su reforma de la Ley de Vivienda se suman ahora la exclusión de las ayudas sociales para los invasores propuestas por Vox.
