Apenas 500 de los casi 9.300 funcionarios de la Comunidad han contestado a la encuesta sobre la corrupción que les ha remitido la Consejería de Transparencia. El objetivo de la consulta es conocer su percepción sobre las medidas de prevención existentes en la Administración regional para diseñar un proyecto piloto de mapa de la corrupción en los sectores públicos que se consideran de alto riesgo.

La encuesta fue remitida a todo el personal administrativo de las consejerías para «evaluar las áreas más vulnerables y las posibles carencias, analizar la efectividad de las medidas existentes y proponer otras más eficientes».

No han participado la plantilla de sanitarios ni el profesorado.

La iniciativa se puso en marcha durante el mandato de la anterior consejera de Transparencia, Beatriz Ballesteros, que dimitió el pasado mes de febrero, por lo que será su sucesor, José Gabriel Torregrosa, el encargado de poner en práctica las medidas que se considere necesario aplicar a la vista de las respuestas que ofrezcan los 498 funcionarios que han contestado.

A pesar de que la participación de los empleados públicos se reduce al 5,36%%, el director general de Regeneración y Modernización Administrativa, José David Hernández, asegura que la respuesta no puede considerarse «mala, teniendo en cuenta la proporción de gente que suele participar en este tipo de consultas».

Lógicamente, la encuesta es anónima y las respuestas ofrecidas por los funcionarios resultan «totalmente confidenciales».

El director general explicó que «España es el país que tiene la percepción de la corrupción más alta» de la Unión Europea. Sin embargo, cuando se pregunta a los encuestados si han sido víctimas de la corrupción personalmente, «solo el 2% lo admite».

Para evaluar la percepción de los encuestados sobre las posibilidades de que prosperen las prácticas corruptas en cada área de la Comunidad se ha dividido la Administración regional en nueve sectores diferentes, relacionadas con la toma de decisiones relativas al personal y a la gestión del dinero público.

El listado incluye recursos humanos, contratación pública, gestión de ingresos, gastos y patrimonio, procedimientos y trámites que otorgan derechos económicos a la ciudadanía, a las empresas o a otras entidades, inspección, control y sanción, asesoría jurídica, planificación y asesoramiento técnico y gestión administrativa y de la información.

A los encuestados se les pide que evalúen las posibilidades de que se produzcan presiones externas en cada una de estas nueve áreas y las probabilidades de lleguen a condicionar las decisiones que se adoptan.

A partir del riesgo de que se produzcan actuaciones ilegales en cada uno de estos sectores, que son los considerados «más proclives» a admitir prácticas irregulares, se configurará el Mapa de Riesgos de Corrupción de la Comunidad Autónoma.

Entre las medidas que ya ha anunciado la Consejería para luchar contra la corrupción figura la creación de un buzón de denuncias anónimas y establecer medidas de protección de los denunciantes.

En la iniciativa participa la Fundación Ciudadana Civio, una organización independiente y sin ánimo de lucro que «vigila a los poderes públicos, informa a los ciudadanos y presiona para lograr una transparencia real y eficaz en las instituciones». Su cometido es «la transparencia, el acceso a la información que generan las instituciones y cómo rinden cuentas por las decisiones que toman»