El parón de la actividad judicial durante el confinamiento y, sobre todo, la decisión de suspender los desahucios de familias en situación vulnerable o sin alternativa habitacional han provocado una caída drástica de los desahucios en toda España durante el último año, y también en la Región de Murcia. El desplome en la comunidad alcanza el 95% en relación al año anterior, 1.504 en 2020 por los 2.935 practicados en 2019, incluyendo aquellos que no pertenecen a la vivienda habitual.
Así se recoge en el informe Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales, publicado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Casi la mitad, el 49%, se han ejecutado por impago del alquiler, cumpliendo la Ley de Arrendamientos Urbanos, superando por primera vez a los derivados de ejecuciones hipotecarias, que suponen el 46%. Hay que recordar que los desahucios sin alternativa habitacional están suspendidos, como mínimo, hasta que acabe el vigente estado de alarma, el 9 de mayo, pero PSOE y Podemos ya han acordado ampliar esta medida e incluirla en la nueva de Ley de Vivienda.
Eso sí, este descenso de los desahucios tiene una cara negativa: por primera vez desde 2012, en el momento más crítico de la crisis económica, han aumentado los procedimientos iniciados de ejecuciones hipotecarias, unas ejecuciones que por los motivos anteriormente detallados no se han llevado a cabo en su mayoría, pero podrían provocar un incremento de los desahucios o de los embargos en los próximos años.
La Región de Murcia registra un preocupante dato de procedimientos iniciados para embargos: es la cuarta comunidad con la cifra más alta, 1.293, y solo la superan otras con mayor población: Cataluña, con un total de 4.643, Andalucía con 3.729 y la Comunidad Valenciana con 3.636.
Estos procedimientos mostraron un repunte en la comunidad, después de que en 2019 se registrara un descenso de más del 50%, y situara en menos de un millar los procedimientos iniciados.
La pandemia también ha provocado una importante caída del 27,4% en las demandas por ocupación ilegal de viviendas, otro asunto que está en el centro del debate por la nueva norma que prohíbe los desalojos siempre y cuando se haya ocupado la vivienda sin violencia, y también por la Ley de Vivienda que prepara el Gobierno regional. Durante el pasado ejercicio ingresaron 124 demandas verbales posesorias en los órganos judiciales de la Región de Murcia por ocupación ilegal de viviendas y se han resuelto 80.
Menos procesos concursales
La crisis económica no ha provocado un aumento de los procesos concursales en 2020. La cifra se sitúa en 366, un 10, 9 por ciento menos que los presentados en 2019, de los cuales 251 corresponden a personas físicas sin actividad empresarial, mientras que los otros 115 se registraron en los juzgados de lo Mercantil.
Mientras que los concursos mercantiles registraron un descenso del 76 %, los de particulares no empresarios crecieron un 19,1% respecto a 2019.
Los concursos de personas físicas han mostrado en toda España un incremento interanual del 35,2 %. La comunidad con mayor número ha sido Cataluña, con 1.912. Le siguieron Madrid, con 928; la Comunidad Valenciana, con 888 y Andalucía, con 884.
Demandas por despido
Durante 2020, se presentaron 12 expedientes del artículo 64 de la Ley Concursal, relativo a la modificación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter colectivo (ERE), tan solo uno más que el año anterior. Por otra parte, las 4.214 demandas por despido presentadas en la Región de Murcia en 2020 suponen un incremento del 5,2 % respecto a las registradas el año anterior. Además, los juzgados de lo Social registraron 2.736 reclamaciones de cantidad, un 2,5 % menos que en 2019.
