El boom de las fotovoltaicas alerta a los agricultores y dispara el precio del suelo en la Región

Desde pequeños huertos solares a macroplantas fotovoltaicas, la Región está viviendo desde hace tiempo un ‘boom’ o ‘burbuja’ de la energía solar que si no tiene una ordenación y planificación adecuada, el sector de productores de esta energía verde alerta de una especulación sin control y una pérdida de riqueza para las economías regionales. La llegada de grandes fondos de inversión extranjeros a zonas como el sureste español, territorio ideal para el negocio de las fotovoltaicas, está suponiendo una presión importante para las empresas locales de energía renovable al acaparar las redes eléctricas, puntos de evacuación de energía y el suelo. En este último punto ha entrado de lleno el sector agrícola, que también ha marcado una postura muy crítica con la proliferación de nuevos proyectos fotovoltaicos, hasta el punto de sentirse «acosados» por las multinacionales que proyectan sus macroparques en territorios como la Región.

Hablamos de instalaciones que ocupan centenares de hectáreas y cuya producción supera los 50 megavatios, cuya tramitación del proyecto ya tendría que correr a cargo del Ministerio de Transición Ecológica y no de las administraciones regionales. Esa ocupación de las parcelas se está dando sobre suelo agrícola útil, es decir, que mantiene una producción constante o cíclica, y de ahí nace la presión a los agricultores para arrendar esos terrenos por 20 o 25 años. «No podemos ceder hectáreas productivas», señala Alfonso Gálvez, presidente de Asaja Murcia, «los grupos inversores, con la excusa de que generan empleo y riqueza, aparecen para ocupar terrenos de cultivo cerca de subestaciones eléctricas donde poder evacuar la energía producida».

En la Región, señala el sector agrario, hay margen para instalar proyectos fotovoltaicos en terrenos improductivos o abandonados como antiguos cultivos de secano. «En todos los municipios hay especulación de alquiler y esto está encareciendo el precio de tierras de cultivo», subraya Gálvez. Y es que ese precio se ha disparado, según Aremur, la patronal de las empresas de energías renovables de la Región, hasta el punto de alcanzar los 2.000 euros por hectárea al año el alquiler por un cuarto de siglo. Esta cifra es solo para los terrenos dedicados antes al secano, porque los de regadío se pagan más caros. «Los grandes huertos solares están fuera del alcance de las empresas de la Región de Murcia», refleja José Marín, presidente de Aremur, «Los fondos de inversión construyen sus macroparques pero no generan una riqueza que se acabe quedando en la Región, hay muy poco margen de beneficios».

El problema del transporte

El sector fotovoltaico señala la inutilidad de estas grandes instalaciones por la pérdida de la producción conseguida durante el transporte de la electricidad. «Las pérdidas totales de energía que generan las macroplantas, en su transporte y distribución hasta el consumidor, llegan a alcanzar valores cercanos al 20%, y este coste el sistema lo asigna al consumidor final», señala la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier). La apuesta de la patronal murciana pasa por limitar la instalación de huertos fotovoltaicos a una producción máxima de 50 megavatios. «Todo esto se conseguiría con una ordenación y planificación en la distribución de los grandes proyectos a nivel territorial, equilibrando las instalaciones y, aunque resulte más costoso, implantarse en terrenos improductivos alejados de las infraestructuras eléctricas para transportar y volcar la energía», señala Marín. En esta línea también Ecologistas en Acción solicitó recientemente un coto a la proliferación de macroparques.

Frente a estos grandes planes, la patronal busca impulsar los pequeños y medianos huertos solares, centrar las instalaciones de placas solares en cubiertas de edificios y no concentrar la producción en grandes parques. Los agricultores también alertan de que el alquiler a 20 o 25 años supone encontrar en un futuro un paisaje de «hierros abandonados» ante la inutilidad de las instalaciones.