La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) achaca la "inmensa mayoría" de casos de ocupación que ocurren en la Región de Murcia al escaso parque público de vivienda, un total de 2970 casas que representan el 0,36% del total, según los datos que ha expuesto el portavoz de la PAH, Francisco Morote, procedentes del Portal de la Transparencia de la Comunidad.
Morote ha comparecido ante la Comisión de Política Territorial, Medio Ambiente, Agricultura y Agua de la Asamblea Regional dentro de las audiencias legislativas del Proyecto de Ley por el que se establecen medidas de lucha contra la ocupación de las viviendas en la Región de Murcia.
"Resulta evidente que más del 95% de los pocos casos de ocupación denunciados se corresponden con situaciones de vulnerabilidad, que vienen derivados de los niveles de pobreza existentes", ha afirmado Morote, quien ha destacado que la Región es la cuarta comunidad en cifras de pobreza y exclusión social, con un 30% de la población en esa situación.
Entre los motivos que llevan a estas personas a ocupar una vivienda, el portavoz de la PAH ha señalado los salarios bajos, la cantidad de viviendas vacías con el objetivo de especular con su precio y el escaso parque público de viviendas de la Región, que representa el 0,36% del total de casas.
Morote ha comparado esta cifra con el 30% que existe en Holanda y en el Reino Unido o el 14% de Francia y ha preguntado a los diputados si estos países son comunistas.
"Son medidas que están dentro de nuestro entorno geopolítico y que en la Región se ignoran", ha lamentado Morote, para añadir que "demuestra la falta total de sensibilidad ante un problema enorme como es la falta de vivienda".
Ha acusado al Gobierno regional de "incumplir" la ley de vivienda aprobada en la Asamblea en 2016 por no llevar a cabo su desarrollo reglamentario porque el Ejecutivo regional "carece de cualquier interés que no sea el del mercado".
"En nuestra comunidad el derecho a la vivienda parece que solo afecta al derecho de construirlas y después especular con ellas y no, el derecho a la vivienda es derecho de acceso a una vivienda digna", ha asegurado Morote.
Ha puesto como ejemplo a Valencia que "está adquiriendo lotes de vivienda a un precio razonable, mientras que en la Región ni está ni se le espera ningún tipo de medida en esa dirección, en la dirección de incrementar el parque público".
Ha criticado que la ley sobre ocupación de viviendas que se está tramitando, "además de criminalizar la pobreza; introducir elementos de delación anónima entre ciudadanos, como en los regímenes totalitarios; invadir competencias estatales; sancionar dos veces por el mismo hecho e inducir al delito de violación de protección de datos, no hace nada por solucionar el problema de la vivienda".
La diputada socialista Consagración Martínez ha afirmado que el PP, partido impulsor de la ley, "quiere desviar la atención de lo que realmente es el problema: la dificultad para acceder a una vivienda" y ha criticado que en el texto legal no se hable de las viviendas vacías de bancos y fondos buitre.
El diputado del PP Víctor Martínez-Carrasco ha afirmado que "se están ocupando viviendas por personas vulnerables y por mafias, ese problema también requiere ser solucionado" y ha considerado que el conflicto entre el derecho a la vivienda y a la propiedad privada genera división en el seno del Gobierno de España.
"No tiene que haber un enfrentamiento entre izquierda y derecha en este tema", ha considerado el portavoz de Ciudadanos, Juan José Molina, quien ha considerado que hay que "buscar la manera de garantizar el acceso a la vivienda y el derecho a la propiedad privada porque son derechos que hay que compatibilizar".
El diputado de Vox Francisco Carrera ha señalado que "hay que diferenciar claramente la ley que protege la propiedad, las medidas contra la ocupación ilegal, con el derecho a una vivienda digna" y que están "en contra de cómo se está llevando la política de vivienda pública en la Región".
