La reserva marina de Cabo de Palos-Islas Hormigas sufre en los meses de verano su periodo más crítico en cuanto a la presión de la pesca ilegal de especies valiosas como el mero, la langosta, el pagel y el abadejo. Desde 2018, las siete embarcaciones de la Cofradía de Pescadores de Cartagena que tienen permiso para pescar en la zona han montado una red de vigilancia en los meses de julio, agosto y septiembre, en la temporada alta de turismo y buceo en la zona, para lograr disuadiar a los furtivos. Cada año, una de esas embarcaciones realiza labores de control en la reserva de Cabo de Palos, por lo que recibe una compensación de seis mil euros al mes procedente de fondos europeos para que pueda dedicarse por completo a esa vigilancia.

La Comisión Europea, a través de su comisaría de alimentación, agricultura y pesca, ha puesto en valor este proyecto de los pescadores de Cartagena por encima de otros planes financiados entre los estados miembro que tienen actividad pesquera. Dentro de los Grupos de Acción Local comunitarios, la Comisión ha priorizado a través de un comunicado esta iniciativa que «ha llevado no solo a garantizar un mejor enjuiciamiento de la pesca ilegal; también disuade a los cazadores furtivos que cometen infracciones con regularidad en la zona».

Inmaculada Torres, gerente del Grupo de Acción Local de Pesca y Acuicultura de la Región de Murcia (organismo privado que gestiona las ayudas del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca en colaboración con la Consejería de Pesca), resalta que los problemas continúan en la zona, en los meses de verano, ya que el «furtivismo sigue siendo fuerte», y que gracias a la vigilancia de los pescadores «la Comisión Europea nos ha reconocido como uno de los proyectos más importantes en el ámbito de la pesca y que se incluye en la hoja de ruta de economía sostenible del Pacto Verde Europeo».

El pasado año los fondos a los que tuvo acceso la Cofradía de Pescadores dieron para vigilar la reserva los meses de agosto y septiembre, aunque en años anteriores los pescadores también realizan esta labor en julio. En 2020 la actuación del barco pesquero dedicado en exclusiva a la localización de pescadores furtivos intervino hasta en ocho ocasiones. «Nos acercamos a los furtivos, les invitamos a que abandonen lo que están haciendo, tomamos nota del nombre del barco y su número, hacemos fotos y lo ponemos en conocimiento del Servicio de Pesca y Acuicultura de la Comunidad Autónoma y del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona). Ellos tramitan la denuncia», señala Bartolomé Navarro, patrón mayor de la Confradía de Cartagena. «Atraviesan los límites de la reserva marina, a veces van con las cañas agarradas a la popa del barco o con los sedales asomados por la borda», explica sobre el modo de actuar de los furtivos, «no generan muchas pérdida económicas para el sector lo que están haciendo, pero tenemos que cuidar de nuestro modo de vida».

El patrón mayor asegura que con la presión de sus compañeros en la mar, han logrado rebajar el número de incidencias en este espacio protegido de la costa regional pero, como punto negativo, esta pesca ilegal se ha desplazado ahora a zonas como el canal del Estacio en La Manga, la Isla Grosa o incluso fuera del límite territorial de la Región, hasta llegar a las costas andaluzas. El resto del año, la empresa Tragsa es la encargada del servicio de vigilancia de la reserva marina de Cabo de Palos.