Una vieja reivindicación del Cuerpo de Bomberos y de los técnicos de Protección Civil en la Región se verá satisfecha en breve en cuanto la primera Ley de Emergencias y Protección Civil sea aprobada en la Asamblea Regional. Estos profesionales serán considerados agentes de la autoridad siempre que su labor esté enmarcada en un plan de Protección Civil activado o cuando hayan sido designados como inspectores dentro de su organización, tal y como queda reflejado en el texto del anteproyecto. Entre otras ventajas, esta consideración les hará estar más protegidos en caso de agresión y ante un problema en los tribunales, su testimonio tendrá mas peso.
La Consejería de Transparencia, Participación y Administración Pública, a instancias de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias, está impulsando estos días la fase final de la tramitación del anteproyecto de esta normativa de rango de ley. El texto preliminar acaba de finalizar su preceptiva consulta pública y ya ha recibido el visto bueno del Consejo Regional de Protección Civil. Ahora, según fuentes de Transparencia, el anteproyecto está a la espera de que el Consejo Jurídico emita su dictamen; si recibiese luz verde, el último paso será elevarlo al Consejo de Gobierno.
Con ese proyecto normativo, tal y como admite la propia Administración regional, se pretende cubrir el vacío normativo que existe en la Comunidad tras la entrada en vigor de la Ley de 2015 del Sistema Nacional de Protección Civil. Entre otros problemas, la futura ley quiere aclarar el marco competencial entre los distintos agentes que actúan en una emergencia, entre otros, 061, Policía Local y otras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o la propia Protección Civil. También pretende la norma la regulación de las entidades de voluntariado de Protección Civil y el establecimiento del régimen sancionador para garantizar el cumplimiento de las obligaciones en esta materia.
«Murcia es una de las pocas comunidades que no cuenta con una norma de rango de ley que regule el sistema de emergencias y Protección Civil», explica el director general de Seguridad, Antonio Mula, que destaca que el anteproyecto viene a «completar el ordenamiento jurídico en este ámbito». Además de la consideración de agentes de la autoridad, Mula destaca la regulación del voluntariado de Protección Civil y del funcionamiento en las emergencias, «sus protocolos de actuación», como algunas de las novedades más destacadas. Además, pese a que el servicio de emergencias del 112 tiene un largo recorrido en la Región, «no estaba reflejado en ningún sitio, y los hemos incluido en esta ley», señala el director general.
Durante su período de consulta pública, el proyecto normativo llegó a recibir 107 alegaciones de diversas instituciones, organismos y colectivos, de todas ellas 70 fueron recogidas; «en realidad son aportaciones, sólo hemos rechazado un porcentaje muy pequeño, normalmente por ser cuestiones que nada tenían que ver con la ley de emergencias».
Aclara el director general que se trata de una norma marco «de la que se derivarán reglamentos y desde el Gobierno regional nos hemos puesto un reto: en dos años tenemos que reglamentar lo más importante».
Por su parte, el jefe de Protección Civil en Los Alcázares y presidente de la Asociación Profesional de Técnicos de Protección Civil de la Región, Sergio Gil, celebra la llegada de la futura ley a la Región, pero aclara que es «muy básica, no profundiza más allá de lo que lo pueda hacer la Ley de 2015 del Sistema Nacional de Protección Civil, pero es un punto de partida esencial pero avanzaremos en la medida en que se desarrolle en reglamentos y marcos normativos específicos». «Si esta ley se saca para luego no desarrollarla, no vale para nada, habrá sido una tomadura de pelo», asegura Gil que en cualquier caso felicita a la consejera de Transparencia y Administración Pública, Beatriz Ballesteros y al director general de Seguridad Ciudadana, Antonio Luis Mula, por haber dado el primer paso de lo que será el «el inicio de otras muchas cosas».
Una de las necesidades normativas en la Región vinculada a las emergencias es la que tiene que ver con los planes de autoprotección en espacios como industrias que trabajan con materiales peligrosos, colegios u hospitales. Existe un Real Decreto que lo regula desde 2007. «Desde que saliera esa normativa a nivel nacional, el Gobierno central está requiriendo a la Comunidad para que haga la transposición autonómica de esa norma; pues todavía estamos sin ella, con el vacío que eso provoca en infinidad de cuestiones». Gil se pregunta, por ejemplo, «¿quién tiene que hacer el plan de autoprotección para el SOS de Murcia, o para la Semana Internacional de la Huerta y el Mar de Los Alcázares?». En definitiva, para este responsable de Protección Civil, «normativizamos y reglamentamos poco y a veces a destiempo».
Uno de los principales objetivos de la Dirección General de Seguridad es fomentar la profesionalización de la Protección Civil. Para el director general de Seguridad «el papel de la formación es fundamental, por ello hemos impulsado un ciclo extenso, que ha incluido este año todo el tema de la desinfección y los rastreadores», explica Mula. La formación también se ha extendido en los últimos meses a los ingenieros técnicos en cuanto a las evaluaciones rápidas en caso de catástrofe y a los técnicos de Incendios a nivel psicológico.
Sin duda, el marco jurídico que proporcionará la entrada en vigor de la Ley de Emergencias y Protección Civil, presumiblemente este año, será el espacio a partir del cual propiciar el desarrollo de las múltiples cuentas pendientes del sistema regional de emergencias.
Antonio Mula no se atreve a dar un plazo «porque ya no depende de mí, pero presionaremos todo lo posible para que la ley sea una realidad lo antes posible», asegura el director general.
