Luz verde a la creación de la comisión de investigación sobre el escándalo de las vacunas contra el coronavirus administradas a los altos cargos políticos y públicos de la Región. El Pleno de la Asamblea aprobó, con los votos favorables de PP, PSOE y Ciudadanos, comenzar la investigación sobre la gestión y la administración de estas vacunas.
Los representantes de Podemos y Vox -a excepción de Pascual Salvador, único diputado del Hemiciclo reconocido por el partido- se abstuvieron en la votación. Desde Ciudadanos explicaron que el objetivo de la comisión es esclarecer cómo se tomaron las decisiones para saltarse el protocolo, quiénes las tomaron y a quiénes pudieron perjudicar. Juan José Molina, el diputado de la formación naranja, señaló que «todos los políticos que se hayan vacunado deben dejar su cargo público». Molina, que estima que en un plazo máximo de un año se pueda llevar a cabo la investigación y sacar las conclusiones, explicó que es casi «imposible» hacerlo en un mes, como solicitó el PP.
Por su parte, el socialista Francisco Lucas denunció que «estamos ante uno de los mayores escándalos de nuestra historia. Unas 600 personas se vacunaron sin pertenecer a grupos prioritarios, con total impunidad, actuando con desfachatez».
La diputada popular María del Carmen Ruiz, al inicio de su intervención, enseñó los certificados de todos los cargos públicos del PP que firmaron no haber sido vacunados: «Somos el único partido que hemos realizado un registro público de vacunaciones abierto a todos los ciudadanos». Juan José Liarte, diputado no reconocido de Vox, apuntó que, entre otras cuestiones, lo que «habría que investigar de verdad» es la «idoneidad de las pruebas PCR» porque «el índice de los falsos positivos es muy alto», lo que puede provocar «mandar a la ruina a muchas familias» de la Región.
Por último, María Marín, de Podemos, denunció que «cada vacunada robada es un robo, un atentado contra la vida de un sanitario en primera línea o una persona gran dependiente». En este sentido, la portavoz de la formación morada rechazó que la comisión se pueda demorar durante un plazo de un año e indicó que su partido sí quiere que se investigue el escándalo, «pero no estamos dispuestos a que se eternice y se entierre».
