Luz verde a la creación de la comisión de investigación sobre el escándalo de las vacunas contra el coronavirus administradas a los altos cargos políticos y públicos de la Región. El Pleno de la Asamblea ha aprobado, con los 38 votos favorables del Partido Popular, PSOE y Ciudadanos, comenzar la investigación sobre la gestión y la administración de estas vacunas. Los representantes de Podemos y Vox -a excepción de Pascual Salvador, único diputado del Hemiciclo reconocido por el partido- se han abstenido en la votación.
El diputado de Ciudadanos Juan José Molina ha comenzado su turno de intervención en el Pleno asegurando que la "desviación" en la forma en la que se ha ejecutado el protocolo "no puede quedar impune" porque el número de vacunados en Murcia saltándose el protocolo ha sido "inaceptable".
"El objetivo de la comisión es esclarecer cómo se tomaron las decisiones para saltarse el protocolo, quiénes las tomaron y a quiénes pudieron perjudicar. Esto no puede convertirse en una caza de brujas, se trata de aclarar a los murcianos qué es lo que ha ocurrido con las vacunas", ha advertido. Molina ha vuelto a reiterar que todos los altos cargos que se hayan vacunado deben dejar su cargo público.
Molina, que estima que en un plazo máximo de un año se pueda llevar a cabo la investigación y sacar las conclusiones, ha explicado que ve "imposible" hacerlo en un mes, como ha solicitado el PP a través de una enmienda que ha sido rechazada.
Por su parte, el socialista Francisco Lucas ha sido el más crítico con el Gobierno regional de López Miras durante la pandemia: "Estamos ante uno de los mayores escándalos de nuestra historia. 600 personas se vacunaron sin pertenecer a grupos prioritarios, con total impunidad, actuando con desfachatez". Asimismo Lucas ha recordado que el PSOE va a seguir insistiendo en la creación de una auditoría informática para conocer los nombres de los altos cargos que se han vacunado.
La diputada popular María del Carmen Ruiz ha comenzado su intervención enseñando los certificados de todos los cargos públicos del PP que han firmado no haber sido vacunados. "Somos el único partido que hemos abierto un registro público de vacunaciones abierto a todos los ciudadanos", ha explicado Ruiz, quien ha acusado a Diego Conesa de no haber hecho lo mismo con su partido y le ha instado a dimitir después de lanzar "falsas acusaciones" señalando a posibles altos cargos del PP que se podrían haber vacunado. "Usted le exige a los demás lo que no se puede aplicar a sí mismo", ha dicho Ruiz, quien ha acusado el líder socialista en la Región de no haber pedido la dimisión de la exalcaldesa de Molina de Segura, Esther Clavero, quien también se vacunó saltándose el protocolo. "Decimos sí a la comisión, a la transparencia y a la investigación, no a las campañas orquestadas contra el PP", ha puntualizado.
Juan José Liarte, de Vox, ha indicado que, con la dimisión del exconsejero Manuel Villegas, "queda saldada cualquier responsabilidad política que en otra circunstancia pudiera imputarse a las personas que de él dependieran". Liarte ha señalado asimismo que "muy probablemente sea estéril saber la lista de altos cargos vacunados". El diputado ha apuntado que, entre otras cuestiones, lo que "habría que investigar de verdad" es la "idoneidad de las pruebas PCR, porque, tal y como ha alertado la OMS, el índice de los falsos positivos es muy alto", lo que puede provocar, según Liarte, "mandar a la ruina a muchas familias de la Región".
Por su parte, María Marín, de Podemos, ha denunciado que, "cada vacunada robada es un robo, un atentado contra la vida de un sanitario en primera línea o una persona gran dependiente". En este sentido, la portavoz de la formación morada ha rechazado que la comisión se pueda demorar durante un plazo de un año y ha indicado que su partido sí quiere que se investigue el escándalo, "pero no estamos dispuestos a que se eternice y se entierre" porque "el tiempo corre a favor de los indecentes".
