El decano del Colegio de Abogados de Murcia, Francisco Martínez-Escribano, ha advertido que la pandemia está afectando al trabajo de los despachos de abogados, algunos de los cuales podrían estar perdiendo el 40 o 50% de su actividad, "si no más".

Para hacer frente a esta situación, ha pedido a la administración medidas como, por ejemplo, condonar algunos tributos cuando se demuestre que no existe un rendimiento.

En declaraciones a Europa Press, Martínez-Escribano ha explicado que el COVID-19 afecta a los abogados "exactamente igual que al resto de la sociedad", de forma que repercute también en sus condiciones de trabajo, y no solo en lo que se refiere a la prestación en los juzgados y sus medidas de higiene, sino también por la supresión de procedimientos que están teniendo lugar por las cuarentenas de testigos, de letrados o de personal implicado.

"No solo nos afecta en el aspecto profesional externo, sino también en la prestación del servicio", según Martínez-Escribano, quien destaca que el movimiento económico "ha decaído muchísimo" como resultado de la crisis, y la actividad profesional de los abogados decae al mismo ritmo que la economía. "No hay negocios y no hay posibilidad de asesoramiento ni de contrataciones", ha aseverado.

Ha reconocido que la pandemia ha traído consigo un escenario de "poca presencialidad" y los abogados, a nivel profesional, están reduciendo mucho las visitas y las reuniones, que están celebrando de forma mayoritaria de forma telemática o por teléfono. "Claro, eso requiere por nuestra parte una infraestructura cada vez mayor", reconoce.

A nivel profesional, los abogados quieren que los métodos telemáticos se vayan implementando cada vez más, según Martínez-Escribano, quien explica que el Colegio de Abogados de Murcia ha fomentado mucho el uso de las nuevas tecnologías en las guardias, en los juicios rápidos y en la asistencia a los detenidos siempre que ha sido posible.

La intención del Colegio de Abogados de Murcia es colaborar con la administración en la implantación de este tipo de medidas. Y es que ha reconocido que hay problemas de infraestructuras y de medios, "como siempre", pero apuesta por "intentar optimizar al máximo" los recursos existentes y que el ciudadano "se vea lo mejor servido que sea posible, tanto por parte de la abogacía como por parte de la Administración de Justicia".

Por ejemplo, cree que sería necesario impulsar las comparecencias telemáticas y la práctica de las videoconferencias para determinados trámites judiciales como pueden ser las audiencias previas.

Incluso, defiende la celebración de algunos juicios por vía telemática "solo cuando se pueda, sin que suponga merma ninguna del principio que ilumina al procedimiento judicial del derecho de defensa y del derecho de contradicción", porque eso "aligeraría bastante" la actividad y "solucionaría alguno de los problemas que hay actualmente".

No obstante, Martínez-Escribano ha insistido en aplicar este tipo de tecnología "solo cuando se pueda hacer sin merma de esos principios mencionados". Y es que, añade, "no es lo mismo interrogar en persona a un acusado, a un testigo o a una persona que está defendiéndose en un tema civil o mercantil, y que el juez pueda observar en persona el lenguaje no verbal, la forma de contestar o de interrogar". A través de una pantalla, reconoce, "no es lo mismo".

Martínez-Escribano ha recordado que él mismo ha celebrado ya audiencias previas por videoconferencia, y también se han celebrado asistencias a detenidos también por videoconferencias o por otros medios. "Estas tecnologías se están implantando en gran parte, pero evidentemente no se puede extender a todo, pero en lo que sí se puede, se debería insistir más en su implantación", ha subrayado.

El decano calcula que la merma de actividad en los despachos puede ser "muy importante" y en algunos de ellos "rondará el 40 o 50%, si no más". Y es que ha insistido en que la actividad del abogado "es proporcional a la actividad social", de forma que la caída debe ser paralela.

En este sentido, ha desmentido la leyenda de que los abogados ganan dinero en época de crisis. "Eso es absolutamente falso, con independencia del sufrimiento social que supone y que los abogados también lo sentimos en nuestras propias carnes, nuestro movimiento transcurre paralelo al movimiento económico y social", subraya.

Así pues, la actividad de los abogados está estrechamente relacionada con el hecho de que "haya emprendimiento, negocios, alquileres, compras o ventas".

Ha reconocido que la administración puede contribuir a ayudar a la abogacía en temas como, por ejemplo, dejar de percibir determinados tributos de los despachos cuando se prueba que no existe un rendimiento. No obstante, ha subrayado que "el problema de las ayudas sociales es de gestión política".

Por ejemplo, ha celebrado que el Instituto de Crédito Oficial está facilitando créditos para los profesionales liberales, y cree que habría que estudiar profundamente "cómo afecta la falta de actividad económica" al igual que a otros sectores. "La abogacía no es más o menos privilegiada que otros", ha ratificado.

En lo que respecta al 2020, Martínez-Escribano explica que el sector ha tenido problemas como el del mes de agosto, que no lo declararon inhábil, o los problemas que hay diariamente porque las salas "no están preparadas muchas veces con las medidas necesarias, con una ventilación adecuada o limitación de aforo".

También ha lamentado el riesgo que corren los abogados de turno de oficio, que prestan servicios de asistencia al detenido en condiciones difíciles y, de hecho, recuerda que se pide su vacunación como colectivo de riesgo por la pandemia.

Martínez-Escribano ha lamentado que la pandemia ha sido la gota que ha colmado el vaso del "brutal" retraso que acumula la Administración de Justicia, porque ya se están señalando juicios para 2022 y, en algunos casos, incluso para 2023. "O alguien que tenga poder suficiente empieza a implementar medidas, o la demora puede ser brutal".

En este sentido, cree que el Gobierno central tiene que "tomar cartas en el asunto" para que la Justicia se sitúe en el lugar que necesita un Estado democrático. Así, recuerda que se ha demostrado una Justicia en condiciones supone un incremento del beneficio económico para la sociedad.