La Fiscalía recurre el archivo de la causa contra Valcárcel

Argumenta que aún no puede darse por acabada la instrucción de la pieza separada abierta contra el exjefe del Ejecutivo regional en paralelo a la investigación de otro juzgado que llevó al procesamiento de una decena de antiguos altos cargos del Gobierno de Valcárcel, entre ellos el exconsejero Antonio Cerdá, y de directivos y accionistas de la planta

En un escrito de casi un centenar de páginas el fiscal Juan Pablo Lozano pide la reapertura de las diligencias contra el expresidente practicadas por el Juzgado de Instrucción número 1 de Murcia, que había exculpado a Valcárcel los delitos a los que dio lugar la gestación y las negociaciones para la firma de los contratos entre el Ente Público del Agua y ACS para la construcción de la planta.

La titular del Juzgado número 1 dictó el sobreseimiento de la investigación al no encontrar indicios suficientes de que Valcárcel fuese conocedor o partícipe de los hechos investigados por la adquisición o gestión de la desaladora de Escombreras" ni pudiera demostrarse que "fuera coautor, esto es, que tuviera conocimiento y dominio de los mismos".

Tampoco consideró que Valcárcel fuese "cooperador necesario ni cómplice" por la adquisición de la sociedad Desaladora de Escombreras, cuyo contrato obliga a la Comunidad a pagar más de 20 millones anuales por la explotación de la planta.

Sin embargo, el fiscal niega que Valcárcel pueda escudarse en "el desconocimiento de los pormenores" de la operación, dado que algunas de las decisiones que fue tomando el Ente Público del Agua requerían la aprobación expresa del Consejo de Gobierno que él presidía.

En su recurso Lozano incorpora las declaraciones recabadas por el juzgado que ha investigado a Valcárcel y las aportadas por el Juzgado de Instrucción número 5, en el que se investiga al exconsejero de Agricultura Antonio Cerdá y al resto de altos cargos y directivos vinculados al Ente Público del Agua, a las empresas de ACS y a los despachos de abogados que intervinieron en la gestación de la estructura jurídica de la desaladora y de las sociedades públicas que asumieron los contratos de la planta.

El fiscal tiene claro que "toda esta operativa concatenada y sincronizada se hizo de espaldas a todo servicio jurídico y de la intervención de la Comunidad, lo que solo resulta posible si el proyecto viene auspiciado y vinculado a la voluntad del presidente".

Recuerda que la Comunidad Autónoma ha valorado el daño y la pérdida patrimonial derivada de los compromisos adquiridos en 74.194.332,55 euros, que equivalen a "la diferencia económica existente entre los parámetros económicos que hubiera seguido el desarrollo del proyecto desde la perspectiva de contratación o concesión administrativa y los cauces por los que ha discurrido con la fórmula de compra de acciones de una empresa privada cargada con un eventual pasivo patrimonial de 600 millones de euros", a los que tendría que hacer frente en caso de impagos o rescisión del contrato.

"¿Realmente es posible que un mero gerente del Ente Público del Agua e incluso un consejero de Agricultura y Agua puedan comprometer una adquisición de una desaladora de más de 125 millones de euros sin el consentimiento del presidente de la Comunidad Autónoma?", se pregunta el fiscal.

Entiende, además, que los convenios firmados con los 26 ayuntamientos de la Región que se adhirieron para utilizar el agua de la planta, "uno tras otro, no permiten al investigado alegar el desconocimiento de su finalidad".

Tampoco admite que el expresidente ignorara cómo se pagarían los compromisos adquiridos con las empresas promotoras de la desaladora, teniendo en cuenta que los ayuntamientos destinatarios no disponían de infraestructuras para que pudiera llegarles el agua: "Fondos públicos".

Apunta por tanto que la finalidad de la desaladora era sortear las limitaciones impuestas por la Ley de Agua a los desarrollos urbanísticos que se proyectaban en estos municipios sin la autorización preceptiva de la Confederación Hidrográfica del Segura.

La desvinculación de los Servicios Jurídicos y de la Intervención General, así como los reparos que puso la entonces consejera de Hacienda, Inmaculada García, al aval del proyecto ante Banesto, que convertía a la Comunidad a la garante de los créditos destinados a financiar la construcción de la desaladora, son presentados como otros hechos que contradicen el desconocimiento en el que se escuda el expresidente.

También considera ineludible el consentimiento de Valcárcel en la modificación de la ley que regulaba el Ente Público del Agua introducida "para permitir que el gerente, señor Garrido, pudiera firmar la confort letter asumiendo unos compromisos mínimos que implicaban a la Comunidad Autónoma en un importe de 114 millones de euros".

"No puede ampararse en la previa falta de advertencias de funcionarios públicos quienes suprimen intencionadamente las cautelas, límites y garantías que ofrece la tramitación del expediente legalmente necesario", le reprocha el fiscal a Valcárcel, al tiempo que recuerda que tampoco llegó a recabar el dictamen del Consejo Jurídico.

Entre los argumentos para no desvincular a Valcárcel de las negociaciones con las empresas del grupo ACS incluye la cesión al Ente Público del Agua de la parcela de Escombreras propiedad de la Comunidad en la que se construyó la planta, que fue aprobada "por acuerdo de Consejo de Gobierno de 13 de enero de 2006 presidido por el Señor Valcárcel".

Destaca que en este acuerdo ya se "indica que se cede al Ente Público del Agua para que, a su vez, pueda cederla como aportación no dineraria de capital como la constitución de un derecho real de superficie a favor de alguna sociedad mercantil que se pueda constituir".

Añade que "tan peculiar aportación solo se explica porque ya se sabía que, precisamente allí, en Escombreras, se iba a ubicar una infraestructura hidráulica".

En su recurso ante la Audiencia Provincial el fiscal solicita que se revoque el auto de sobreseimiento y se reabra la instrucción para realizar nuevas diligencias, entre ellas las relacionadas con la intervención del bufete Ariño, "que idearon la operativa, la Ley del Ente Público del Agua y de la confort letter".

También pide que se recabe la documentación del Consejo de Gobierno relativa a la cesión de parcelas para la desaladora y los testimonios de los testigos relacionados con la financiación del aval ante Banesto.