El Tribunal de Cuentas denuncia en un Informe que un significativo número de ayuntamientos, algunos en la Región de Murcia, no suspendieron, ni total ni parcialmente, los contratos de servicios de limpieza y de vigilancia y seguridad privada a pesar de que muchas de las instalaciones o dependencias estuvieron cerradas durante la vigencia del primer estado de alarma.
Así se recoge en el Informe de Fiscalización de los contratos de servicios de limpieza y de vigilancia privada celebrados por las entidades locales de aquellas Comunidades Autónomas sin órgano de control externo propio, es decir, de la Región de Murcia, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura y La Rioja.
Según se desprende de este informe, muchos ayuntamientos de estas regiones no suspendieron estos contratos pese a referirse a instalaciones como las escuelas infantiles, colegios públicos, palacio de exposiciones, museos, etc.
Esto evidencia, según el documento, «una gestión indebida» de los recursos por parte de la Administración contratante al continuar destinando gasto público a actuaciones carentes de utilidad a pesar de disponer de la posibilidad legal de suspender los correspondientes contratos.
De otro modo, el informe también destaca que muchos ayuntamientos también están realizando una «prolongación irregular» de la ejecución del contrato, mediante la continuación de la prestación del servicio, así como a su abono conforme a los precios estipulados en el contrato ya extinguido.
