La Región de Murcia acumula un retraso medio de 118 días para una someterse a una intervención quirúrgica, unos 40 días más con respecto a 2019, según los últimos datos de la Asociación del Defensor del Paciente. En total, el número de personas que están en lista para ser llamadas es de 23.355, lo que coloca a la Región de Murcia como la décima con un mayor número de pacientes en espera.

La mayoría de los retrasos se dan en la neurocirugía, cirugía plástica, cirugía maxilofacial o traumatología, especialidades cuyos valores repuntan al alza debido a que han tenido las agendas cerradas durante diferentes fases del año como consecuencia de la pandemia del coronavirus.

Desde la asociación apuntan que «sería preciso la confección de un plan de choque que aborde de forma inmediata el deterioro en las listas de espera, y no solo para intervenciones, sino también en pruebas diagnósticas, puesto que el número de personas sin cita ha aumentado». En este sentido, la asociación ha recibido 408 quejas de pacientes murcianos, lo que hace que la Región sea la octava autonomía del país que más denuncias ha presentado a este colectivo.

En cuanto a las reclamaciones de servicios y especialidades destacan, por encima de otros, las listas de espera, y le siguen las denuncias por temas relacionados con cirugías generales, traumatología, servicio de urgencias y ginecología y obstetricia.

El centro hospitalario más denunciado, según los datos ofrecidos por el Defensor del Paciente, es el Virgen de la Arrixaca, seguido del complejo Santa Lucía de Cartagena, el Morales Meseguer, Rafael Méndez y Los Arcos del Mar Menor.

Desde este colectivo consideran que «es indispensable destinar buena parte de los presupuestos de 2021 a la inversión sanitaria puesto que, además de las carencias anteriormente apuntadas, la atención primaria en estos momentos necesita refuerzos porque está desbordada».

Además, añaden que «sería esencial reabrir los centros de salud que permanecen cerrados, ampliar plazas de UCI o la creación de puntos covid-19 independientes». Por último, en relación a la situación de la sanidad regional, la asociación critica que «no se haya contratado más personal después del parón a raíz del estado de alarma».

Descienden las negligencias

Como en años anteriores, el Defensor del Paciente hace balance de los casos recibidos en 2020 por presuntas negligencias médico-sanitarias. El número de negligencias en España vuelve a descender de manera importante. Este año han recibido un total de 10.509 casos (2.945 menos que en 2019), de los cuales 528 han sido con resultado de muerte (229 menos que en 2019).

La asociación apunta que la notable caída de las negligencias médicas se debe a que durante el estado de alarma las negligencias desaparecieron, ya que en marzo, abril y mayo fueron meses inocuos en los que apenas llegaron denuncias.

Se suspendieron cirugías y la mayoría de las reclamaciones recibidas estuvieron relacionadas con las residencias de mayores y asuntos de bajas laborales por el coronavirus.

Desde la asociación denuncian que, si en la primera ola de coronavirus los damnificados fueron los ancianos de las residencias, en la segunda les tocó el turno a los enfermos de cáncer: «Las consecuencias de la saturación sanitaria por el coronavirus han sido terribles en pacientes oncológicos y con otras patologías, cuyos diagnósticos o tratamientos, en muchas ocasiones, han llegado demasiado tarde». Asimismo ponen el foco en la gran cantidad de casos de muerte por no conseguir atención médica presencial

La Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) rechaza «cualquier intervención de la sanidad privada como en la primera ola de contagios del coronavirus», si bien vuelve a ofrecer «toda su capacidad asistencial a las autoridades sanitarias para hacer frente a la emergencia sanitaria y social de un modo más eficaz».

«La situación vivida durante la primera ola, con el primer decreto de estado de alarma que intervino de facto la libertad empresarial de todos los operadores de provisión sanitaria, es inasumible por el sector e injustificable sin un marco de trabajo previo», señalan.

En este sentido, muestran su preocupación por el hecho de que las administraciones sanitarias tengan nuevamente la tentación de emplear el Boletín Oficial del Estado (BOE) para desprogramar su actividad y «poner en jaque» su propia supervivencia, cometiendo los «mismos errores» que al inicio de la pandemia, sin diferenciación por territorios, ni ayudas, ni flexibilidad.

La situación actual propicia que se hable en algunas regiones de desprogramación general. Y es que, tal y como avisan desde ASPE, la desprogramación de toda actividad no urgente supuso «graves consecuencias de viabilidad económica para muchos centros sanitarios privados» que, viéndose obligados a mantener toda su infraestructura y personal a disposición, no pudieron acogerse a medidas de ajuste de personal ni han recibido ayudas específicas.