El gobierno de la Comunidad de Madrid ha tomado la delantera entre las autonomías gestionadas por el Partido Popular para contrarrestar algunos puntos «lesivos», en opinión de la formación, que promueve la Lomloe o ´ley Celaá'. La respuesta de la comunidad dirigida por la popular Isabel Díaz Ayuso a esta nueva ley orgánica del Ministerio de Educación llega en forma, también, de ley. En concreto, Madrid ha comenzado la tramitación de la Ley Maestra de Libertad de Elección Educativa que pretende blindar la educación concertada y especial y otros aspectos que «menoscaban la libertad para elegir la enseñanza que los padres quieren para sus hijos», un discurso del PP que comenzó a pregonar semanas antes de la aprobación definitiva de la Lomloe en el Senado en diciembre.
De la norma de Ayuso, lo que más se ha destacado es la defensa que pretende hacer del español como lengua oficial y vehicular de la educación en la Comunidad de Madrid, una medida tachada de disparate por formaciones políticas y parte de la comunidad educativa. Dejando de lado este punto, Madrid también busca volver a ofrecer la posibilidad a los centros sostenidos con fondos públicos de obtener suelo público para la construcción de edificaciones que acojan la enseñanza concertada. Por ello, Madrid pretende convocar concursos para la construcción y gestión de centros concertados sobre suelo de titularidad pública frente a lo que marca la norma de la ministra Celaá, que prioriza la creación de plazas públicas y pone por delante el empleo de este tipo de parcelas para la edificiación de centros pertenecientes a la red pública.
Ayuso se adelanta al desarrollo normativo de la Lomloe, paso previo a que las Comunidades publiquen decretos para adaptar la norma a nivel autonómico. El PP ha buscado mecanismos para «salvaguardar aspectos esenciales para la educación» desde su punto de vista, por lo que en la Región estarán «atentos» a cómo se acabe tramitando la ley madrileña ante la posibilidad de adaptarla para Murcia, señalan fuentes populares. Por otra parte, desde la Consejería de Educación sí remarcan que lo que se haga en la Región para contrarrestar la ley Celaá no será en forma de ley como ha hecho Madrid.
Difuso es el punto en el que la norma madrileña habla de defender la educación diferenciada por sexos. Señala que «reconocerá, dentro del marco fijado por la nueva Ley estatal, que la educación diferenciada no rompe la igualdad al ser conforme con la Constitución». La ley del Ministerio señala que los centros que separen por sexos no podrán recibir dinero público, algo que todavía no aclara si se hará con la norma madrileña.
Los postulados de la ley, defendidos por el PP desde hace más de un mes, es que se tendrá en cuenta la demanda social, aspecto eliminado de la Lomloe, o la libertad de elección entre las diferentes modalidades de escolarización existentes en la Comunidad de Madrid para los alumnos con necesidades educativas especiales, punto añadido por el argumento del PP sobre el cierre de los colegios de educación especial en favor de la escolarización de estos menores en centros ordinarios. Garantizar el distrito único frente a la cercanía al domicilio del alumno como criterio principal para la matriculación de estudiantes, otro aspecto planteado por Madrid, busca defender la libertad de escolarización en centros concertados.
«Opciones legales»
Murcia logró esquivar los criterios de la Lomloe en cuanto a la admisión de alumnos en los centros educativos y elección de directores publicando las convocatorias antes de la entrada en vigor, por lo que se regirían por la antigua ley estatal. Miras anunció en noviembre que los servicios jurídicos de la Comunidad analizarían todas las «opciones legales» para que la Comunidad apruebe contrarreformas a la ley Celaá. La idea sigue pendiente hoy en día: «Se buscarán mecanismos para poder contrarrestar esos puntos que atentan contra la libertad de educación de las familias», señala Educación.
