El presidente de la Fundación San Antonio y de la Universidad Católica de Murcia, José Luis Mendoza, está a un paso de sentarse en el banquillo por un presunto delito urbanístico tras echar para atrás la Audiencia Provincial de Murcia el último recurso que podía presentar para no ir a juicio por las obras presuntamente ilegales en el campus de la UCAM de los Jerónimos. El mandatario de la universidad privada presentó un recurso de apelación contra, a su vez, el recurso por el que pedía la desestimación del auto de procedimiento abreviado de la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia, María del Mar Azuar, que le señalaba como responsable de un delito contra la ordenación del territorio.
Los hechos por los que Mendoza podría llegar a sentarse en el banquillo de los acusados se remontan a los años 2011 y 2013, cuando se construyó un aulario de cerca de 2.500 metros cuadrados así como un laboratorio y un almacén en el conjunto universitario de Guadalupe sin contar con la preceptiva licencia urbanística. Estas obras supuestamente ilegales fueron denunciadas por el Ayuntamiento en el año 2015, iniciándose poco después la investigación judicial, a cargo del Juzgado de Instrucción número cinco de Murcia.
Ahora, la sección segunda de la Audiencia Provincial remarca, en un auto del 19 de enero, que la construcción sin licencia o excediéndose de la licencia concedida es constitutivo de delito, "por lo que el investigado deberá dar alguna explicación" en el juicio. Por todo ello, los magistrados que firman el auto consideran que existen suficientes razones para continuar con el procesamiento judicial de Mendoza, "sin que sea posible considerar en este momento procesal la absoluta ausencia de delito y decretar el sobreseimiento de la causa". La Audiencia entiende que las construcciones llevadas a cabo no eran autorizables y que se pone de manifiesto la comisión de una presunta infracción urbanística.
La Fiscalía ha pedido para el presidente de la UCAM tres años de prisión por las obras presuntamente ilegales que hizo en el entorno del Monasterio de Los Jerónimos. El representante del Ministerio Fiscal ha solicitado ya en su escrito de acusación una sanción económica y la inhabilitación del presidente de la UCAM para ejercer como promotor de obras. Le considera autor de un delito continuado contra la ordenación del territorio.
En un comunicado, la Universidad Católica de Murcia señala que "siempre ha mantenido que esos prefabricados son legalizables por interés social, como regula perfectamente la ley, y de hecho la administración ya dio con anterioridad tal consideración con otro anexo".
