La elevada mortalidad por electrocución que padecen las aves en la Región de Murcia es un grave problema que en los últimos dos años ha dejado un total de 300 ejemplares fallecidos, cuatro de ellos en lo que llevamos de año. Solo en 2020, el número de aves que fallecieron, y de las que tiene constancia la Consejería de Medio Ambiente, se elevó a 140 ejemplares pero, por contra, se logró recuperar de sus heridas a 75 aves que ingresaron malheridas en el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre El Valle.

El pasado 19 de enero los agentes medioambientales de la Región localizaron en Mula el cadáver de un águila real sobre un tendido eléctrico en un territorio catalogado como Zona Especial Protección para las Aves. No ha sido el único caso en lo que llevamos de año ya que los agentes localizaron además otros tres ejemplares muertos y siete que fueron llevados al centro de recuperación de La Alberca (Murcia) pero sufren heridas de las que no se pueden recuperar. Esta situación ha llevado a siete organizaciones ecologistas de la Región de Murcia a presentar a la Consejería un informe donde identifican el alcance de la problemática que suponen las electrocuciones de fauna silvestre y apuestan por una aplicación inmediata de la legislación vigente para revertir la situación de alta siniestralidad de los tendidos.

Los tendidos eléctricos se han cebado en los últimos años sobre todo con las aves rapaces protegidas y dichas organizaciones estiman que en la Región de Murcia se estaría electrocutando, al año, entre 600 y 6.000 individuos de diferentes especies de aves. En 2019, Medio Ambiente registró 237 aves electrocutadas de las que 147 fallecieron y 90 acabaron sobreviviendo y fueron ingresadas en El Valle. De estas, siete acabaron falleciendo, dos fueron liberadas y otras 81 presentaron heridas irrecuperables.

Las organizaciones reclaman una revisión y corrección de los tendidos eléctricos ya existentes, especialmente los que atraviesen espacios protegidos y sus entornos. La Consejería remarca que el año pasado se redactaron dos informes de corrección de líneas eléctricas consideradas puntos negros para las aves. Estas correcciones se llevan a cabo tras recabar datos los agentes medioambientales y diferenciar el área donde se han detectado problemas en función de si presenta una figura de protección concreta sobre la fauna silvestre. "Se priorizan las actuaciones en cuanto a la categoría de amenaza de la avifauna electrocutada o en líneas que son potencialmente peligrosas para la avifauna, y que por su proximidad a colonias o territorios de cría precisan corrección", señala Medio Ambiente.

En 2020, la Consejería inició 33 expedientes donde se recogen el titular de la línea eléctrica que ha causado daños mortales o no a un ejemplar, la denuncia de los agentes, las medidas que se deberían llevar a cabo para corregir el tendido y los informes de necropsia elaborados por el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre, entre otros requisitos. En 2019, estos expedientes 31 por causas de electrocución.

Los ecologistas reclaman mejorar los medios humanos y materiales de los agentes medioambientales para detectar los tendidos más peligrosos así como elaborar un mapa de puntos negros de electrocución y colisión. Estas revisiones que se realizan se deberían hacer por completo en todas las líneas o de tramos extensos de tendidos eléctricos para minimizar el número de expedientes a tramitar. Piden ampliar el ámbito territorial del área de protección de aves frente a la electrocución a todo el territorio de la Región y exigen el soterramiento de los nuevos tendidos, especialmente los de los nuevos proyectos de los parques solares. Las organizaciones subrayan que sería necesario valorar económicamente a cada ejemplar hallado muerto mediante aprobación de un decreto de valoración de las especies de fauna.

Con esta serie de medidas, organizaciones como ANSE, Ecologistas en Acción, Naturactúa, Meles, Anida, Ulula y Stipa consideran que los problemas de electrocución podrían resolverse en el plazo de tres años y suponiendo menos del 1% de los beneficios del sector eléctrico. A cambio, "se obtendrían enormes beneficios en la conservación de la biodiversidad, minimizando la principal causa de muerte de especies protegidas y amenazadas (particularmente aves rapaces), minimizando los fondos públicos destinados a programas de recuperación y garantizando el bienestar humano a través de los servicios ecosistémicos que desarrolla este grupo (control de daños agrícolas por conejo, evitar proliferación de enfermedades, retirada de cadáveres, regulación de poblaciones de roedores, etc)".