El Juzgado que investiga la posible participación del expresidente Ramón Luis Valcárcel en la gestación de la desaladora de Escombreras ha archivado las diligencias contra el exjefe del Ejecutivo regional. La magistrada que en junio tomó declaración a Valcárcel no ve indicios de que el también exvicepresidente del Parlamento europeo sea «coautor o partícipe» de los contratos firmados en 2006 con las empresas del grupo ACS promotoras de la planta ni tampoco aprecia como «acreditados actos relevantes que lo conviertan en coautor, cooperador necesario o cómplice de los hechos investigados en torno a la adquisición y gestión de la compra de la desaladora». Estos contratos obligan a la Administración regional a pagar más de 20 millones anuales por la explotación de planta, que produce agua destinada al regadío.
Valcárcel estaba investigado individualmente en la pieza separada de la causa abierta en otro juzgado, en la que están imputados una decena de exaltos cargos del Gobierno, encabezados por el exconsejero de Agricultura Antonio Cerdá, y directivos de las empresas del grupo ACS que intervinieron en los contratos con el desaparecido Ente Público del Agua y en la construcción de la planta, además de varios asesores.
La titular del Juzgado de Instrucción Número 1, Ana Isabel Navarro, no ve indicios suficientes de que Valcárcel fuera «conocedor o partícipe de los hechos investigados por la adquisición o gestión de la desaladora de Escombreras».
Tampoco considera que Valcárcel fuese «cooperador necesario ni cómplice» en la adquisición de la sociedad Desaladora de Escombreras, titular de los contratos con las empresas del grupo ACS que obligan a la Comunidad a pagar por el agua desalada desde que entró en funcionamiento, hace más de diez años.
La magistrada ha ido citando como testigos a muchos de los imputados en la causa principal del caso Desaladora, cuya investigación se inició a raíz de la denuncia interpuesta ante la Fiscalía en 2010 por el abogado Diego de Ramón, que aportó a la investigación el primer informe del Tribunal de Cuentas sobre el gasto que realizaba la Comunidad para sufragar la planta. Tras conocer estos testimonios y la voluminosa documentación recabada, ha decretado el sobreseimiento provisional.
El pasado junio Valcárcel contó al llegar a los juzgados que él había dado instrucciones para que se construyera una desaladora, pero nunca intervino en las gestiones necesarias para su puesta marcha ni en las negociaciones con las empresas promotoras.
