Desde el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) desean conocer qué entiende la Asamblea Regional de Murcia por «inmigrantes en situación irregular». ¿Acaso puede ser algo distinto a lo que interpreten ellos? ¿Cambia el concepto dependiendo de qué institución española se refiera a él? La polémica está servida.
La comisión que investiga las consecuencias sociales, sanitarias y de seguridad de la llegada de personas en patera en el Parlamento murciano solicitó a principios de mes a la entidad gestora de la Seguridad Social, adscrita al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, sobre la «relación de ayudas y prestaciones concedidas a inmigrantes en situación irregular en la Región de Murcia en los últimos cinco años con especificación de la nacionalidad».
Días después, y para sorpresa de los miembros de la comisión, desde el INSS evitaban responder al requerimiento aludiendo a que, «para poder realizar el estudio», antes debían «concretar lo que la Asamblea entiende por inmigrantes en situación irregular». Incluso, desde la entidad también reclaman a los parlamentarios murcianos cuáles son esas «prestaciones o ayudas a las que se refieren».
PP: "Se ríen del Parlamento"
El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado, denuncia que detrás de la respuesta del INSS a la solicitud de la Asamblea Regional hay un «intento de bloqueo al funcionamiento de la comisión de investigación por parte del Gobierno de Sánchez».
El diputado popular considera, además, que el hecho de «que el Ministerio de Migraciones le pida a la Asamblea que especifique lo que considera como inmigración irregular es reírse literalmente del Parlamento».
Asimismo, los populares consideran una «falta de respeto absoluta» la respuesta oficial recibida: «Si en este país el Ministerio de Migraciones no sabe lo que es un inmigrante irregular, apañados vamos».
Sin embargo, Segado asegura que « por mucho que intenten torpedear la comisión los ministros socialistas, van a tener que dar explicaciones de su gestión ante la avalancha de pateras que se produjo el año pasado en la Región».
En este sentido, el Grupo Parlamentario Popular ya informó el pasado mes de noviembre que pedirá la comparecencia en esta comisión de investigación de los responsables de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de Migraciones, José Luis Escrivá. «La negligente gestión de la Delegación de gobierno y la dejación de funciones del Ministerio del Interior exigen que evaluemos lo que ha sucedido , corrijamos lo que se ha hecho mal y se determine también el ámbito de responsabilidad de cada Administración», explicaba entonces el propio Segado.
Junto a ellos, desde el PP también han solicitado que acudan a comparecer el delegado del Gobierno en Murcia, José Vélez, representantes de los distintos sindicatos policiales, los consejeros de Presidencia y Salud del Gobierno regional, la presidenta de la Autoridad Portuaria y miembros de Cruz Roja.
Esta comisión ha estado envuelta en la polémica desde su creación. El PSOE acusa al «el PP de utilizar de forma ruin un drama humanitario para tapar su nefasta gestión de la covid», mientras que Podemos ni siquiera participa y acusa al Gobierno regional de «sumarse al discurso racista de la ultraderecha». IU, por su parte, instó el mes pasado a la Comisión Europea a pronunciarse sobre la que denominan «Comisión de la Vergüenza».
