El estigma 'puta' lo sepulta todo. Es el eje vertebrador que origina gran parte de las violencias hacia las trabajadoras del sexo. Tiene como fruto el rechazo social que acaba sufriendo este colectivo profesional de manos de organizaciones humanitarias que se inclinan por la abolición de la prostitución, de miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o de los colectivos feministas. «Homogeneizar la realidad de las prostitutas es un error. Si se generaliza el discurso de que todas las trabajadoras están sometidas a una violencia y malos tratos, quienes escuchan ese mensaje se enfurecen y la respuesta automática es que hay que abolir y prohibir. La trata existe, la explotación existe, pero hay otras realidades y no existe una única solución».
María Martínez Cano, psicóloga especializada en políticas de igualdad, originaria de Blanca y antigua trabajadora sexual en Murcia, ha llevado a cabo un estudio que analiza las violencias que sufren las prostitutas en la Región de Murcia y que acaba de publicar en la Revista del Laboratorio Iberoamericano para el Estudio Sociohistórico de las Sexualidades de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. En su estudio, la murciana ha buscado poner el foco «en las personas estigmatizadoras y responsables de las agresiones, y no tanto en el colectivo estigmatizado: las personas que trabajan en la prostitución».
La psicóloga señala que las distintas violencias ejercidas por un amplio abanico de agentes sociales determinan las condiciones laborales, de salud y las relaciones interpersonales de los trabajadores del sexo. Ha estudiado los diferentes espacios y ámbitos de trabajo, legislaciones nacionales e internacionales, investigaciones previas sobre el trabajo sexual desarrolladas en Murcia, autobiografías de trabajadoras sexuales o testimonios sobre violencias contra las prostitutas que ejercen en la comunidad.
El resultado de todo ello ha sido concluir que la multitud de violencias abordadas en su estudio llevan a la exclusión social de las prostitutas: «Podemos hablar de un intenso temor ante la idea de que pueda trascender la vida oculta en la vida pública, por lo que las personas que ejercen la prostitución en secreto se ven sometidas a un continuo estado de alerta».
Martínez, quien también fue trabajadora de la asociación CATS (Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo de Murcia), subraya el problema del acercamiento de las prostitutas a los servicios sociales o sanitarios por el estigma de reconocer la profesión a la que se dedican y qué consecuencias tiene esto. El temor a la retirada de la custodia de sus hijos, la denegación de ayudas o que los sanitarios justifiquen la prostitución como causa de enfermedades físicas son motivos que llevan a estas profesionales a evitar acudir a estos servicios porque «anticipan posibles conductas discriminatorias hacia ellas», señala la psicóloga.
Con respecto a la salud mental, varias de las personas entrevistadas declararon en el estudio que los profesionales sanitarios habían relacionado sus problemas de salud mental con el trabajo sexual, «por lo que la solución principal que aportaban pasaba por abandonar la prostitución cuando ellas no querían».
En lo referente a los problemas vividos con agentes policiales, las trabajadoras relatan abusos de poder e incluso violaciones en Murcia, sobre todo ante trabajadoras del sexo migrantes en situación administrativa irregular: «A veces, los policías venían de paisano a la barra y toqueteaban a las chicas, sobre todo a las nuevas. Ellas, como tenían miedo de que las deportaran, se dejaban tocar», relata una trabajadora brasileña.
Unos recursos de orientación laboral inapropiados, unidos al rechazo social y a la escasez de empleo, provocan que la inclusión de las prostitutas en el mercado laboral reglado de la Región de Murcia se convierta en un objetivo realmente complejo, señala el estudio. «Hay organizaciones encargadas de colaborar en la búsqueda de empleo dentro del trabajo sexual como el cambio de ejercer esta profesión en la calle a un piso, o el cambio de club de alterne, pero otras plantean alternativas laborales a la prostitución y reivindican la abolición, algo en lo que no están de acuerdo las trabajadoras».
Algo parecido ocurre con los discursos que mantienen los colectivos feministas, que a juicio de la psicóloga han logrado «tachar de malas mujeres a las prostitutas al no aceptar el estatus de víctima». María Martínez fue la encarga de organizar las Jornadas sobre Trabajo Sexual en septiembre del pasado año en la Universidad de La Coruña, donde realizaba un máster en políticas de igualdad, y que debido a la presión de distintos colectivos feministas fueron suspendidas por denunciar que el debatir esta temática «normaliza y trivializa una actividad que atenta contra los derechos humanos de las mujeres».
