La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) defiende que los agricultores no deben costear el tratamiento de las aguas depuradas destinadas al riego en respuesta a las nuevas exigencias establecidas por la Unión Europea en el Reglamento que regula la reutilización de caudales. En sus alegaciones al Plan Nacional de Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y Reutilización (Plan DSEAR), la entidad que preside Andrés del Campo señala que «si el reglamento europeo exige calidades 10 veces superiores», Fenacore considera que «el problema no radica en la exigencia de una mayor calidad a la salida de la planta de tratamiento, sino en mantenerla en toda la red de distribución de riego».

La Región es una de las comunidades que se verá más afectada por el endurecimiento de los requisitos impuestos por Bruselas para la reutilización de aguas depuradas, dado que las plantas de tratamiento municipales aportan unos 100 hectómetros cúbicos anuales, que se destinan en su mayor parte a la agricultura.

La Federación Nacional de Regantes asegura no entender que «siendo España el país de Europa con el mayor volumen de agua reutilizada (entre 350 y 400 hectómetros cúbicos) tenga que legislar mediante el reglamento europeo, cuando el reglamento español lleva funcionando más de 12 años». Defiende «el principio de que ´quien contamina paga' para que el coste del tratamiento recaiga sobre el usuario que genera el agua residual».

Fenacore cree que «la cuestión a determinar con la máxima transparencia es quién es el beneficiario de la reutilización de aguas en cada caso, que no tiene que coincidir obligatoriamente con el usuario directo de las aguas regeneradas».

Por otra parte, pide «una mayor coordinación entre el canon de vertido que impone el Estado y los cánones de saneamiento de las comunidades autónomas» y critica que «resulte más barato tirar vertidos al mar, con o sin depuración, que a los ríos y barrancos».

La Federación apunta que la normativa europea sobre la reutilización de aguas «complica la exportación de productos agroalimentarios a países comunitarios, tal y como recoge en las alegaciones que acaba de presentar al Plan Nacional de Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y Reutilización (Plan DSEAR), cuyos trabajos se integran con la estrategia general del Ministerio para la Transición Ecológica y con otras iniciativas como el Libro Verde de la Gobernanza del Agua en aras de configurar un nuevo paradigma alineado con los objetivos del Miteco».

Por su parte, la Consejería de Agua y Agricultura se lamenta en sus alegaciones al Plan Nacional de Depuración y Saneamiento de que «la normativa nos penaliza a la hora de financiar infraestructuras, lo que es injusto par las comunidades autónomas que hemos hecho bien nuestro trabajo». Añade que, «lejos de premiarse, el cumplimiento de las obligaciones en saneamiento y depuración por algunas administraciones puede suponer una penalización».