El Consejo de Gobierno aprobó ayer un decreto ley por el que, debido a la gravedad de la crisis generada por la pandemia, se acuerda ampliar hasta 2030 el plazo para que los ayuntamientos de la Región devuelvan a la Comunidad los 90 millones en reintegros que están pendientes desde el año 2012. A través de este decreto, además, se aprueba una exención de un año en el cobro de tasas gestionadas por la Comunidad por valor de cerca de un millón de euros para el sector de la hostelería y la restauración.
En lo que se refiere al cobro de las subvenciones, el decreto recuerda que se trata de cantidades otorgadas antes de 2012 para proyectos que no pudieron ser ejecutados por la anterior crisis económica que afectó a las corporaciones locales y cuya devolución se retrasó ya en ese año 2012. Tras una segunda ampliación en el año 2016, el plazo para devolver esas cantidades vencía este 31 de diciembre.
Debido a la delicada situación económica que atraviesan los ayuntamientos como consecuencia de la gravedad de la crisis sanitaria, social y económica generada por la pandemia, el plazo se amplía en otros 10 años, con tres años de carencia en los que los ayuntamientos no tendrán que empezar a devolver esas cantidades. De manera excepcional, en el caso de que el reintegro sea igual o superior a 3 millones, el plazo se podrá ampliar hasta el 2035.
En el caso de aquellas corporaciones que quieran seguir adelante con los proyectos, y que aún estén en plazo para realizar estas inversiones subvencionadas por la Comunidad antes de 2012, el decreto amplía también en tres años el plazo para que puedan ejecutarlos.
Este decreto ley aprobado supondrá también una nueva medida de apoyo para un sector especialmente castigado por la pandemia, como es el de la hostelería y la restauración. Así, a través de esta herramienta, se establece una moratoria de un año en el pago de tasas regionales que afectan a este sector, como la de ordenación de actividades turísticas o las tasas por actuaciones administrativas de carácter sanitario, y cuyo impacto se estima en torno a un millón de euros.
Esta iniciativa ha sido acordada de acuerdo con los representantes de la hostelería en la mesa de trabajo que se creó para diseñar un plan de rescate ante las restricciones impuestas al sector para intentar frenar la pandemia y al que ya se han destinado 37 millones de euros.
El Consejo de Gobierno autorizó otro Decreto Ley para minimizar el impacto económico ocasionado a las empresas concesionarias de transporte público regional, por las restricciones a la movilidad establecidas por ley por el Gobierno de España en el estado de alarma decretado como consecuencia de la pandemia.
Esta normativa permite establecer el marco jurídico de las subvenciones que podrán recibir las empresas que hayan visto mermados sus ingresos durante el periodo en el que se limitaron, por imperativo legal, los aforos de sus vehículos para cumplir las distancias de seguridad establecidas por las autoridades sanitarias. Esta situación provocó que los servicios se siguieran prestando mientras se limitaba su capacidad de generar ingresos.
El decreto ley permite realizar un primer pago de indemnizaciones por valor de 1,7 millones de euros correspondiente a las pérdidas justificadas durante el primer periodo del estado de alarma por las 18 empresas de autobuses que ostentan un total de 29 concesiones de transporte público en la Región.
El Consejo de Gobierno dio el visto bueno ayer a la autorización del gasto, por un importe global de 6.9 millones de euros, para la ejecución de los proyectos de instalación de sondas de humedad en el Campo de Cartagena y para la construcción de los colectores de pluviales norte y sur, así como un tanque de laminación en el municipio de San Javier. Se trata de dos iniciativas que, según la Comunidad, «avanzan en el objetivo de proteger y recuperar el Mar Menor, evitando la entrada de agua al ecosistema y mejorando los sistemas de producción agrícola». El proyecto de los colectores de pluviales y el embalse en de San Javier está dotado con 5.5 millones de euros, financiados por la Unión Europea a través del Fondo FEDER en un 80 por ciento y por la Comunidad el resto. Las actuaciones tienen un plazo de ejecución de 12 meses y durante enero de 2021 saldrá a licitación.
La instalación de 500 sondas de humedad en el Campo de Cartagena por valor de 1.4 millones de euros, permitirá monitorizar más de 44.000 hectáreas de cultivo con el objetivo de poner en marcha un sistema de gestión que favorezca un uso más eficaz y eficiente del agua.
