A través de una extraña unanimidad, los cinco grupos parlamentarios de la Asamblea Regional instaron, en la última sesión plenaria de este convulso 2020, a elaborar un plan de prevención del suicidio. Un problema tabú que crece sin control como demuestran las cifras: es la principal causa de muerte no natural en España desde hace más de una década, con una tasa que duplica a la de fallecidos por accidentes de tráfico. 132 personas fallecieron en 2018 por suicidio o lesiones autoinfligidas en la Región de Murcia, según publicó en su día la Dirección General de Salud Pública (127, según la web del INE); un dato que supone la cifra más alta de toda la serie histórica. A nivel nacional, la cifra asciende a 3.500 fallecidos, pero la Comunidad Autónoma está incluso por encima de la media estatal.
La moción presentada por el Grupo Parlamentario de Vox y defendida por su portavoz, Juan José Liarte, encontró el apoyo del resto de formaciones políticas, aunque con matices. El diputado de la formación ultraderechista atribuye el problema a una cierta pérdida de valores dentro de la sociedad, a lo que define como «falta de sentido y propósito», defendiendo que «las personas que conviven con valores religiosos son menos proclives al suicidio».
Por parte del PSOE intervino el diputado José Antonio Peñalver, psiquiatra de profesión y especialista en programas de inserción de personas con enfermedades mentales. Cree que existe un cierto silencio alrededor del suicidio y que es necesario tratarlo como un problema de salud pública. «Debemos estimular a los pacientes a hablar de la idea de suicidio, porque eso permite trabajar sobre las angustias que hay detrás. A mí se me han suicidado pacientes», dijo. Peñalver aportó algunos datos por comarcas, que demuestran que el índice de suicidios es más elevado en la Vega Alta y en la zona del Altiplano, mientras que la zona con menos suicidios es la comarca del Mar Menor.
El PP, por su parte, presentó una enmienda para que, no solo se elabore un plan regional de prevención, sino también otro a nivel nacional, como ya se propuso en 2017, pero aquella iniciativa no prosperó. Desde el Gobierno regional defienden que sí han impulsado programas para combatir las enfermedades mentales.
Desde Podemos, la portavoz María Marín hizo especial hincapié en el incremento de suicidios entre los colectivos más jóvenes y entre los adolescentes, apuntando como causa directa el uso de las redes sociales o el ciberbullying, y criticando a Vox por la influencia que podría tener el uso del pin parental: «Están impidiendo a los centros abordar un problema muy importante; les recuerdo que la ansiedad, el miedo al fracaso y el ciberacoso también son causas de suicidio».
Ciudadanos mantuvo una postura cauta y se limitó a apoyar la propuesta, resaltando las preocupantes cifras y pidiendo, a través del portavoz parlamentario, Juan José Molina, que lo fundamental es que el plan se ejecute adecuadamente y no se deje pasar.
En líneas generales, los partidos ven necesario impulsar desde las instituciones una campaña a través de los medios de comunicación y en redes sociales, pero también creen que hay que informar sobre las enfermedades mentales y sobre el suicidio en distintos ámbitos, ejecutar un plan de prevención para sanitarios, profesores y trabajadores sociales, y hacer un seguimiento a las personas con patologías previas. Ahora todo queda a expensas de que el Gobierno regional recoja la propuesta de los grupos parlamentarios.
Rechazan un fondo para los municipios pero sí piden ayudas al comercio local
No hubo acuerdo en la propuesta económica más relevante. El PSOE defendió la creación de un fondo no reembolsable de compensación para los Ayuntamientos de la Región, debido a los gastos imprevistos que han tenido que asumiry a la pérdida de ingresos ocasionada por la covid-19. Sin embargo, la iniciativa fue rechazada por los dos partidos en el Gobierno (PP y Ciudadanos) y por su socio parlamentario, Vox, porque trataron de vincular la aprobación del texto a los 6.000 millones del fondo covid que deben recibir del estado los ayuntamientos.
En cambio, sí salió adelante la moción para pedir al Gobierno estatal un plan de rescate para el pequeño comercio, con el voto a favor de todos los grupos parlamentarios y la abstención de Podemos. «El 15% de los comercios que cerraron durante el confinamiento no han reabierto sus puertas», señaló el diputado de Ciudadanos, Francisco Álvarez.
El PP apoyará un pacto regional de Educación si se cuenta con la concertada
El PP apoyará un pacto regional de Educación si se cuenta con la concertadaMientras la Ley Celaá se aprobaba ayer en el Senado, la Asamblea Regional dio un primer paso para alcanzar un mínimo consenso en materia educativa, después de que el presidente López Miras amenazara con hacer todo lo posible para evitar la aplicación de la LOMLOE en la Región.
A propuesta de Ciudadanos, PSOE y PP pusieron sus condiciones para sentarse a hablar sobre un pacto regional por la Educación. El socialista Antonio Espín quiere que se trabaje a partir de siete líneas estratégicas que defiendan la contratación y la mejora de las condiciones del profesorado y los avances en la calidad de la enseñanza.
El Partido Popular se ha sumado a la propuesta con la condición de que se hable en los trabajos de elaboración de la enseñanza concertada: «El PP apoya iniciar el trabajo para elaborar un acuerdo educativo regional pero advierte que no iniciará el camino a ninguna parte si no se protege la libertad de los padres», dijo el diputado Víctor Martínez Carrasco. También presentaron una enmienda para pedir que se garantice «la constitucionalidad» en materia educativa, que fue aceptada por sus socios de gobierno.
Podemos, por su parte, votó en contra porque en el texto no se hacía mención a la ´educación pública'. Vox votó a favor, aunque ve muy improbable que la propuesta tenga futuro porque, a su juicio, socialistas y comunistas solo buscan orientar a los alumnos hacia una manera de pensar.
