No hubo acuerdo en la propuesta económica más relevante del último pleno de la Asamblea del año 2020. El PSOE defendió la creación de un fondo no reembolsable de compensación para los Ayuntamientos de la Región, debido a los gastos imprevistos que han tenido que asumir durante el último año y a la pérdida de ingresos ocasionada por la covid-19. Sin embargo, la iniciativa fue rechazada por los dos partidos en el Gobierno (PP y Ciudadanos) y por su socio parlamentario, Vox.

Aunque todos se mostraron de acuerdo en que los Ayuntamientos, por ser la administración más cercana a los ciudadanos, han tenido que hacer un esfuerzo extra durante este año, PP y Ciudadanos trataron de vincular la aprobación del texto, a través de las enmiendas, a los 6.000 millones del fondo covid que deben recibir los Ayuntamientos. Al final, los populares se desmarcaron de la propuesta: "Solo con la aportación del Gobierno regional no es suficiente", dijo la diputada Isabel Sánchez Ruiz.

Piden ayudas al comercio de proximidad

En cambio, sí salió adelante la otra iniciativa económica de la sesión, que consiste en pedir al Gobierno de España un plan de rescate para el pequeño comercio, con el voto a favor de todos los grupos parlamentarios y la abstención de Podemos. "El 15% de los comercios que cerraron durante el confinamiento no han reabierto sus puertas", señaló el diputado de Cs, Francisco Álvarez.

De nuevo surgió la pugna entre administraciones. Tras la aprobación del plan de rescate a la hostelería, dotado con 4.220 millones pero sin ayudas directas, PSOE y PP se intercambiaron los reproches. Los socialistas y Podemos quieren que López Miras complemente ese plan porque "el comercio es competencia regional", y apuntan a los problemas estructurales del sector, que está en clara desventaja frente a los gigantes digitales.

Por otra parte, se votó la modificación de la Ley de Aceleración de la Transformación del Modelo Económico, después de que el Tribunal Constitucional obligara a modificar varios artículos. La izquierda sostiene que aquella ley incita a los Ayuntamientos a aprobar normas transitorias sin el estudio de impacto ambiental. Por su parte, el Gobierno regional dice que la sentencia del Constitucional solo obliga a "mínimos retoques que no afectan ni al fondo ni a la forma de esta norma".

Primer paso para el consenso educativo

Mientras la polémica por la Ley Celaá sigue en el aire y en las calles, la Asamblea Regional dio un primer paso para alcanzar un mínimo consenso en materia educativa, después de que el presidente López Miras amenazara con hacer todo lo posible para evitar la aplicación de la LOMLOE en la Región. A propuesta de Ciudadanos, PSOE y PP pusieron sus condiciones para sentarse a hablar sobre un Pacto Regional por la Educación.

El socialista Antonio Espín quiere que se trabaje a partir de siete líneas estratégicas, mientras Víctor Martínez Carrasco, del PP, ve difícil un acuerdo porque "la LOMLOE es la ley que menos busca el consenso". Podemos, por su parte, votó en contra porque en el texto no se hacía mención a la 'educación pública'. Vox votó a favor, aunque ve muy improbable que la propuesta tenga futuro porque, a su juicio, "socialistas y comunistas solo buscan orientar a los alumnos hacia una manera de pensar".

En vías de un plan de prevención del suicidio

La sesión concluyó con una moción aprobada por unanimidad: la creación de un Plan Regional de Prevención del Suicidio. Promovida por Vox, la propuesta encontró la aprobación, aunque con matices, de todos los grupos políticos. "132 personas en el último año en la Región por suicidio, estamos por encima de la media nacional", apuntaba el diputado socialista y psiquiatra de profesión, José Antonio Peñalver. Juan José Liarte, de Vox, señalaba que "la muerte por suicidio sigue siendo la primera causa externa de defunción en España desde hace más de una década".