Los productores de pequeñas explotaciones agrícolas y ganaderas ubicadas sobre todo en entornos rurales de la Región de Murcia y de carácter familiar podrán vender directamente al consumidor sin necesidad de intermediarios. El real decreto aprobado recientemente por el Gobierno estatal busca aplicar la normativa de la Unión Europea en España en cuanto a la comercialización de productos tradicionales y artesanales realizados por pequeños productores. Es decir, flexibiliza los requisitos para que estos empresarios del campo puedan acceder a la venta directa al público o a establecimientos de comercio al por menor que suministran directamente al consumidor final.
De esta forma, los agricultores y ganaderos que hasta ahora no podían competir a nivel comercial con las grandes explotaciones tendrán menos barreras para sacar adelante sus productos. En la Región de Murcia, los más beneficiados serán los productores de leche, ya que con este real decreto aprobado podrán venderla cruda al consumidor, los de queso, miel, ave de corral, conejo y agricultores de terrenos con pocas hectáreas o de cultivo ecológico.
Las estadísticas agrarias de la Consejería de Agricultura reflejan que en 2016 había en la Región de Murcia un total de 18.000 explotaciones agrarias de cinco hectáreas o menos y un total de 27.315 explotaciones con menos de 50 hectáreas. Los agricultores y ganaderos celebran el proyecto normativo que han sacado adelante el Ministerio de Agricultura y el de Consumo pero que llevaba elaborándose años. Con la adaptación a la legislación europea, el mayor impulso económico lo pueden percibir los pequeños productores de zonas rurales como las pedanías altas de Lorca, los de Totana, Caravaca de la Cruz, Moratalla o los del Altiplano. «Se abre una posibilidad de ingresos para estos agricultores y ganaderos de pequeñas explotaciones familiares, de zonas más rurales y favorecerá el comercio de proximidad y la supervivencia de algunos productos tradicionales de la Región y su forma de elaborarlos», señala Marcos Alarcón, secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de la Región (UPA).
El mayor éxito reside precisamente en el fomento del comercio de proximidad, ya que el real decreto establece que los productores podrán vender en mercados o establecimientos en un radio de 100 kilómetros en torno a su explotación. El sector reconoce que podría obtener un aumento de los beneficios de hasta un 30% con los nuevos procesos de venta que les permitirían.
«Se elimina al intermediario y el productor recibe un precio más justo», añade Alarcón, que espera que con esta nueva oportunidad para los empresarios del sector primario esquiven el recorte en sus ganancias al pasar sus productos por la cadena agroalimentaria. En las últimas semanas el sector ha retomado sus protestas precisamente por el escaso o nulo margen de beneficios que obtenían por culpa de los supermercados o empresas de la cadena de distribución.
«El mercado se amplía, esto va a impulsar explotaciones familiares y sobre todo va a ayudar a las mujeres agricultoras y ganaderas», subraya Victoria Molina, empresaria productora de fruta y presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur) en Murcia. Pan casero, hortalizas de huertos pequeños, miel o leche cruda son productos que Molina destaca entre los que más se beneficiarían por la venta en mercadillos, ultramarinos de pequeñas y medianas localidades murcianas por parte del productor.
La aplicación de la norma quedará pendiente de cómo se desarrolle en las comunidades en función de las limitaciones o las imposiciones a la hora de producir que impongan las autoridades sanitarias. Con el real decreto, los productores deberán adaptar sus instalaciones para llevar a cabo los procesos de manipulado del producto o despiece en caso de productos cárnicos. «Es decir, intervendrán en todas las fases de producción, transformación y distribución de alimentos», remarca Molina. Por ejemplo, ahora se permitiría el sacrificio de aves de corral fuera del matadero.
Alarcón subraya por su parte que si las condiciones en los registros sanitarios y controles de calidad son complejos, los productores tendrían difícil asumir el coste económico de tantas adaptaciones en sus instalaciones o de ampliación de las mismas. UPA reclama a la Consejería de Salud y a su servicio de Seguridad Alimentaria y Zoonosis que logren una interpretación de la norma que les permita adaptar su proceso de producción de una forma sencilla y que se implementen ayudas económicas para llevar a cabo estos cambios.
La nueva normativa española permitirá que los cazadores puedan suministrar pequeñas cantidades de carne de caza mayor silvestre al consumidor final o a establecimientos locales de venta al por menor que suministran directamente al consumidor, cumpliendo con todas las garantías sanitarias que se exigirán en cada comunidad. También se permite que los propios cazadores puedan realizar entregas directas a los establecimientos de manipulación de caza para su inspección sanitaria y posterior comercialización.
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