2.603 agricultores del Campo de Cartagena, que cultivan en la zona cercana al Mar Menor, han firmado ya una declaración responsable en la que afirman haber colocado barreras vegetales para impedir las escorrentías.
Cabe recordar que estos espacios tenían la obligación de contar con estas barreras naturales desde el decreto-ley de abril de 2017, luego también con la Ley de Medidas Urgentes de 2018, y ahora con la Ley de Recuperación y Protección del Mar Menor, aprobada hace unos meses.
Son los datos que refleja uno de los expedientes que maneja el Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea, que espera que pueda exponer a principios del año que viene el consejero de Agricultura y Medio Ambiente, Antonio Luengo, en el Hemiciclo. Los populares consideran que estas cifras demuestran «la alta conciencia y compromiso en el sector agrícola de asumir el Código de Buenas Prácticas».
Asimismo, se han abierto 192 expedientes sancionadores a explotaciones agrícolas, se han desarrollado 292 inspecciones y 244 actuaciones de control de nitratos (hasta 2019). También se han abierto 50 expedientes de restitución del terreno y se han impartido 62 charlas formativas con 1.919 asistentes en total.
Los populares consideran que el Gobierno regional «está cumpliendo en tiempo y forma los plazos de aplicación la ley». De los once artículos que deben cumplirse a final de año, diez de ellos ya lo hacen «o están en fase de ejecución final», aseguran.
También hay otros artículos, añaden, que no tienen plazo y ya están en vigor. Es el caso del artículo 63, de solicitud de proyecto de Vertido Cero a concesionarios de puertos. También se ha propuesto a la Autoridad Marítima del Estado restringir la velocidad de navegación en el Mar Menor (artículo 65), algo que se producirá cuando termine su tramitación administrativa.
Los artículos que terminarán de ejecutarse este mes son el 46, sobre la orden de operadores ambientales; el 49, sobre la creación de un distintivo para la agricultura sostenible del Mar Menor; o el 58, sobre la creación de un registro electrónico de movimiento de deyecciones ganaderas. También tiene previsto terminarse en diciembre el programa de seguimiento y control sobre el cumplimiento y eficacia de las medidas propuestas, así como la elaboración de un censo de embarcaciones pesqueras profesionales.
Quedan por cerrar otros artículos como el 11, que busca crear un catálogo de datos de parámetros de seguimiento ambiental, a la espera de la Oficina de Transparencia para seguir avanzando; o el 25, el programa de control y mejora de redes de aguas pluviales, cuyo proceso de evaluación ambiental sigue abierto.
El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo, ha solicitado comparecer en la Asamblea para informar sobre las actuaciones llevadas a cabo por el Gobierno regional en el Mar Menor desde la aprobación de la ley de protección de la laguna salada.
Los miembros de la Mesa de la Asamblea deberán decidir qué semana acudirá el consejero, pero con enero como mes inhábil, habrá que esperar al menos hasta mediados de febrero para escuchar su comparecencia.
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