De las 9.500 hectáreas de regadío sin derecho de aprovechamiento de agua que la Confederación Hidrográfica del Segura constató que existían en la cuenca vertiente al Mar Menor, la cifra finalmente se ha rebajado a 8.460 hectáreas de regadío ilegal, siendo el resto de secano o zona de matorral sin riego. De ese total de 9.500 hectáreas, la Comisaría de Aguas ha abierto expediente sancionador para 6.200 hectáreas de regadío. La CHS ya ha remitido a la Comunidad 124 expedientes con resolución firme para que proceda a revertir a su situación original la agricultura de regadío en este espacio, un total de 2.200 hectáreas.

Los datos han sido facilitados por el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, Mario Urrea, en una rueda de prensa ayer previa a la celebración de la Junta de Gobierno del organismo de cuenca. Urrea también ha detallado que los técnicos de la Comisaría de Agua han comprobado sobre el terreno que de las 2.200 hectáreas de regadío ilegal en la cuenca del Mar Menor con boletín de sanción, 500 ya se han dejado de regar.

El presidente de la CHS también ha asegurado que los técnicos del organismo vigilan estas fincas sancionadas dos veces por mes, lo que ha permitido detectar cuántas hectáreas se han dejado de regar e incluso cuántas realmente son de regadío, por lo que desde el proceso de teledetección que realizó la CHS para cuantificar el regadío ilegal a la visita de los técnicos, el organismo ha rebajado esta cifra en más de mil hectáreas.

Urrea también destacó que está a la espera de la conclusión a la que lleguen los servicios jurídicos de la Consejería de Agricultura, quienes están analizando qué organismo tendría competencias en hacer cumplir las medidas cautelares que aprobó la Junta de Gobierno de la CHS en pasado mes de julio y que plantea restricciones al uso de fertilizantes en la zona próxima al Mar Menor. De concluir que la Comunidad no tiene competencias para hacer cumplir estas medidas, la CHS elevará la consulta a los servicios jurídicos del Ministerio para la Transición Ecológica, ya que el organismo cree que deberían correr a cargo de la Consejería.

Urrea ha apuntado que la Consejería de Agricultura ha abierto 54 expedientes, por lo que habría 70 resoluciones pendientes, aunque ha matizado que no hay que entrar en una «guerra de cifras» porque ambos departamentos actualizan semanalmente los datos, previendo que la totalidad de la superficie afectada por estas 124 inspecciones deje de regarse en un plazo máximo de seis meses.

Por otra parte, el presidente de la CHS ha remarcado que los presupuestos estatales de 2021 contemplan un aumento de 10 millones de euros en inversiones propias del organismo de cuenca y 20 millones de euros en actuaciones de defensa contra avenidas. Al respecto, Urrea ha anunciado que en breve se licitará las obras para mejorar los drenajes del canal perimetral D7 del Campo de Cartagena.

Sin embargo, ha reconocido que queda «muchísimo» por hacer en esta materia, poniendo el foco en tres zonas: el encauzamiento y las tres presas en el Guadalentín, que espera tener licitadas el próximo año; la presa de Tabala, en Murcia, que requiere de una modificación del proyecto en el aliviadero, y la «brutal obra» que significará reconducir el agua en la Vega Baja, que es la «llanura natural de inundación» de la cuenca.

Finalmente, ha previsto que el año hidrológico 2020-2021 contemple un desembalse para el regadío tradicional de 347 hectómetros cúbicos, pero ha pedido «contención» a los usuarios porque, aunque la cuenca del Segura está en nivel de normalidad, la cabecera del Tajo está en «prealerta» y estima que siga en ese nivel los próximos seis meses.