Dos de cada tres ayuntamientos de la Región tardan en pagar más de 30 días e incumplen la ley que establece un plazo máximo de pago a los proveedores de un mes. Según los datos publicados por el Ministerio de Hacienda, Ceutí es el municipio que arrastra más tiempo las deudas con las empresas contratistas, dado que espera más de 21 meses para saldarlas. Otros dos consistorios, Librilla y Ricote, se sitúan en torno a los 500 días, mientras que Beniel es el más cumplidor y paga sus facturas 4,10 días después de recibir los productos o los servicios contratados. Los 41 ayuntamientos que aparecen en el listado suman una deuda de casi 350 millones, aunque el más endeudado es Totana, que debe 313,5 millones.
Por el contrario Beniel es además el único municipio de la Región que no tenía ningún pago pendiente en septiembre de este año, según los datos facilitados por la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM).
Solo 17 pagan dentro del plazo legal y doce tardan más de cien días en abonar sus facturas, aunque Alguazas roza los 31. En el listado faltan los datos de cuatro consistorios.
Los tres grandes municipios saldan sus deudas sin llegar a consumir los treinta días permitidos. Murcia, que figura entre los disciplinados, paga sus facturas a los 24,20 días. No obstante, tenía una deuda con los proveedores de 6,1 millones de euros en septiembre.
Cartagena aparece entre los mejores pagadores, con apenas 5,84 días, mientras que los pagos pendientes no llegan a los 900.000 euros.
Lorca, que debía algo más de dos millones a las empresas, tarda 25,65 días.
Ceutí es el peor pagador de la Región y acumula una deuda de 3,7 millones. El Consistorio ceutiense tarda una media de 648 días en pagar sus facturas, lo que supone que sus proveedores deben esperar casi 22 meses para cobrar.
El segundo puesto lo ocupa Librilla, con 516 días, que equivalen a algo más de 17 meses.
Ricote, con 493 días, tarda casi 16 meses y medio.
Con 407 días, que equivalen a 13,5 meses, aparece Moratalla.
Junto con Beniel, que paga sus facturas a los 4,1 días, aparecen entre los más cumplidores Santomera (5,22 días), Lorquí (6,26), Molina de Segura (7,33), Fuente Álamo (7,66) y Torre Pacheco (9,17).
La Ley 15/2010 por la que se establecen las medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales fija desde 2013 unos plazos máximos de pago de 60 días en el caso de la empresa privada y de 30 días en el caso de las administraciones públicas, a contar a partir de la entrega de los productos o de la prestación de los servicios.
El Plan de Pago a Proveedores del año 2012 permitió ponerse al día a los consistorios que habían acumulado más deudas con las empresas y los suministradores de servicios. Los créditos del Estado ayudaron a las corporaciones locales a sacar las facturas atrasadas del cajón y a poner al día sus pagos, al tiempo que se vieron obligados a cumplir un riguroso plan de ajuste para adelgazar su estructura administrativa y reducir gastos. Los consistorios no han recuperado aún la disponibilidad económica que tenían en 2010, tal y como apuntaba la directora de la Cátedra de Hacienda Territorial de la UMU, María José Portillo, en un estudio del CES.
La situación financiera llegó a ser tan caótica, que algunos todavía siguen arrastrando las consecuencias de la caída de los ingresos aportados por el ladrillo, como ocurre en los casos de Ceutí y de Totana, que debe 313 millones.
Entre los consistorios con más facturas pendientes figuran también Caravaca, con 3,1 millones; Mula, que debe 2,5 millones a sus proveedores, y Moratalla, con 2,1 millones.
