Los presidentes de Alicante y la Región de Murcia promoverán en los próximos meses un frente común del sureste español para defender la vigencia del Trasvase Tajo-Segura y reclamar que su protección sea una cuestión de estado. El presidente regional, Fernando López Miras, y el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, apelaron ayer a esta unidad de acción del Levante español tras una reunión conjunta en la que también estuvo presente el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), Lucas Jiménez.

Todos ellos desdeñaron el manifiesto sobre agua firmado la semana pasada en Castilla-La Mancha por el PSOE, PP y Cs, el llamado Pacto de Toledo sobre el agua, que aboga por limitar los trasvases al abastecimiento urbano. Poco después, el presidente de la Región contratacó anunciando que promovería una cumbre con Andalucía y la Comunidad Valenciana para impulsar un plan hidrológico nacional, en ese sentido ya ha remitido a sus homólogos en Andalucía, Juan Manuel Moreno, y valenciano, Ximo Puig, una carta al respecto.

La reunión con el mandatario alicantino de ayer sirve de antesala a esa cumbre. Además, Miras planteará que en el orden del día de la próxima Conferencia de Presidentes se debata sobre la redacción de un futuro Plan Hidrológico Nacional (PHN) Sobre el acuerdo castellanomanchego, el presidente regional aseguró que «no puede aceptar» que una comunidad diga «el agua es mía y no te la dejo» porque «eso es falso e inconstitucional» al principio de la solidaridad entre territorios recogido en la Carta Magna.

El presidente de la Diputación de Alicante valoró el «liderazgo» en la defensa de esta infraestructura por parte de López Miras, y reconoció que observa con «envidia» y «algo de dolor» la comparación con la actuación del presidente valenciano, Ximo Puig, al que emplazó una vez más a decir que «el trasvase Tajo-Segura no se toca». «Ya no valen medias tintas; que deje de perder el tiempo con pactos con el gobierno independentista de Cataluña y tenga un minuto para defender el trasvase», pidió Mazón que también censuró a Puig por no haber contestado al ofrecimiento hecho por carta por López Miras.

Por otra parte, el presidente del Scrats, Lucas Jiménez, calificó el acuerdo castellanomanchego de «abertzale» y como «abiertamente inconstitucional» al apostar por la «supremacía» de unas comunidades sobre otras y por pivotar sobre el principio de «insolidaridad». Como ese documento está también firmado por dos comunidades de regantes pertenecientes a la federación nacional (Fenacore), Jiménez anunció que pedirá la reunión de la comisión permanente de este ente para que se defienda la necesidad de un PHN.

Finalmente, señaló que «ojalá» la sociedad del sureste español no tenga que arrepentirse de no haberse manifestado y haber dado «un pasito adelante» ante los movimientos realizados en Castilla-La Mancha y las «decisiones descoordinadas» del Gobierno en los últimos desembalses del Trasvase Tajo-Segura, que «adelantan artificialmente treinta años el cambio climático».