Una antigua secretaria general de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) se ha acogido a su derecho a no declarar al comparecer como investigada en un presunto caso de corrupción en la adjudicación de contratos menores en el que están encausadas un total de 35 personas y las dos empresa supuestamente beneficiarias de los mismos. Su hijo, también investigado, se ha acogido igualmente a su derecho de no declarar.
El juez que lleva el caso le informó sobre los hechos que se le atribuyen, tratándose de determinar si aquellas empresas, creadas por tres hijos de un alto funcionario de la CHS, pudieron disfrutar de un trato de favor. Las diligencias practicadas ya por la Policía y posteriormente por el juzgado de instrucción han permitido conocer que recibieron contratos por alrededor de dos millones de euros y que una de las dos sociedades ya recibió un encargo de este órgano de cuenca el mismo día en que se constituyó.
