La titular del juzgado de Instrucción número 5 de Murcia, que investiga los contratos de la desaladora de Escombreras con las empresas del grupo ACS firmados por el exaltos cargos del Gobierno regional, ha rechazado la fianza de 900 millones de euros que había solicitado la Fiscalía para cubrir el perjuicio causado a las arcas de la Comunidad Autónoma. También deniega la petición del letrado de la Administración regional para que se consignen las cuotas del contrato de arrendamiento que la sociedad pública Desaladora de Escombreras (adscrita a la Consejería de Agua y Agricultura) paga a la empresa propietaria, Hydromanagement.
En la parte dispositiva de esta resolución se rechaza cualquier otra medida de aseguramiento, incluida el establecimiento de una fianza de 900 millones de euros instado por el Ministerio Fiscal en un escrito de adhesión a un recurso de apelación, para asegurar los supuestos perjuicios que se estiman derivados de los hechos investigados en este procedimiento. Esta cantidad corresponde al presunto daño total al erario público, más el tercio que señala la Ley Procesal.
La magistrada reitera que, como ya se indicó en abril de 2019 al desestimar la pretensión de exigencia de fianza de 900 millones realizada por la acusación popular, las posibles responsabilidades civiles estarían amparadas por un grupo empresarial «extenso y solvente como es ACS», al único al que afectaría la medida interesada de consignación.
En este procedimiento se investigan los posibles delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y administración desleal, fraude, fraude de subvenciones y falsedad continuados en el proyecto de la planta de Escombreras, conocido como caso La Sal o caso Desaladora.
La investigación se centra en los miembros del consejo de administración del Ente Público del Agua, que presidía el exconsejero de Agricultura Antonio Cerdá, y la Empresa Pública de la Desaladora de Escombreras, en lo que la resolución denomina «parte pública»; y en los administradores de Hidromanagement y Tedagua, o «parte privada».
Se dirige también la causa contra las mercantiles Hydromanagement, Tedagua, Cobra Instalaciones y Servicios, Moncobra, Cobra Gestión de Infraestructuras, Hidronostrum y Desaladora de Escombreras (estas dos últimas a través de ESAMUR) como posibles responsables civiles subsidiarios, además de la Comunidad Autónoma , en la doble condición de perjudicada y responsable civil subsidiaria.
El letrado de la Comunidad, actuando en representación de Desaladora de Escombreras, solicitó el pasado 14 de septiembre la consignación judicial de los pagos mensuales a efectuar a Hydromanegement o, subsidiariamente, la medida de aseguramiento que se considere más oportuna. La magistrada cree que no se dan los presupuestos imprescindibles para adoptar esta medida cautelar y recuerda que aún hay muchos recursos pendientes.
