Murcia se mantiene como la cuarta región española cuya deuda pública supone un mayor porcentaje de su producto interior bruto, el 35,2 % -cuando la media nacional es del 26,3 %-, al haberse incrementado en 202 millones de euros en el tercer trimestre del año respecto al segundo hasta alcanzar los 10.578, lo que es achacable al sistema de financiación autonómico, reitera su Gobierno.
Lo ha confirmado este viernes el Banco de España, mientras que desde el Ejecutivo murciano atribuyen también ese incremento al retraso del Gobierno central en abonarle los 198 millones de euros pendientes del fondo de liquidez autonómica, que cubrirían casi todo el incremento que se ha producido. La del Ayuntamiento de Murcia ha disminuido en 6 millones hasta los 279.
La deuda pública española cerró el tercer trimestre en casi 1,31 billones de euros, que equivalen al 114,1 % del PIB, un nivel nunca antes alcanzado y que se enmarca en un contexto de crisis, en el que la pandemia ha obligado a financiar un mayor gasto público.
La tasa se sitúa a 4,7 puntos de la última previsión del Gobierno para el conjunto de 2020, fijada en el 118,8 % del PIB.
El Banco de España ha publicado además sus nuevas proyecciones macroeconómicas para el periodo 2020-2023, en las que rebaja su previsión de deuda pública para este año al 116,7 % del PIB en un escenario central, aunque con dos estimaciones alternativas del 116,1 % para un escenario más suave y del 117,8 % para otro más severo.
En el escenario central -el que la entidad ve más factible-, la deuda pública se situaría en el 117,1 % del PIB en 2021, en el 116,8 % en 2022 y en el 118 % en 2023.
Con los datos hasta septiembre, el importe total del endeudamiento del conjunto de las administraciones públicas ascendió a 1.308.085 millones de euros hasta septiembre, ligeramente por debajo del dato avanzado por el Banco de España el pasado 17 de noviembre.
La mayor parte de la deuda, 1.177.721 millones (102,7 % del PIB), corresponde a la administración central; 301.722 millones (26,3 % del PIB), a las comunidades autónomas; 23.744 millones (2,1 % del PIB), a las corporaciones locales; y 74.855 millones (6,5 % del PIB), a las administraciones de la Seguridad Social.
La suma excede el total porque la mayor parte de la deuda autonómica está contabilizada también por el Estado, su principal acreedor.
El saldo de deuda del conjunto de las administraciones públicas aumentó un 8,7 % interanual, con un incremento del 10 % para la administración central (concentrado en emisiones de valores a largo plazo del Estado) y solo del 1,2 % para las comunidades autónomas, mientras que las corporaciones locales disminuyeron su endeudamiento un 5,9 %.
La deuda de las administraciones de la Seguridad Social creció el 42,7 % interanual.
La mayoría de las autonomías siguieron aumentando su endeudamiento en comparación con un año antes, salvo Canarias, Cataluña, Extremadura, Galicia, La Rioja y País Vasco, que registraron pequeñas reducciones.
En términos absolutos, Cataluña es la que registra el mayor importe de deuda (78.292 millones), seguida de la Comunidad Valenciana (49.651 millones), Andalucía (35.236 millones) y la Comunidad de Madrid (34.801 millones).
No obstante, la Comunidad Valenciana se sitúa a la cabeza en términos del PIB, con una deuda que equivale al 46,7 % de su PIB.
Detrás van Castilla-La Mancha (39,7 % de su PIB), Cataluña (35,9 % de su PIB), Murcia (35,2 % de su PIB) y Baleares (30,1 % de su PIB).
De la deuda de las corporaciones locales, casi una quinta parte corresponde a los trece ayuntamientos con más de 300.000 habitantes, con un total de 5.092 millones, por debajo de los 6.105 millones de un año antes.
Todos han disminuido su endeudamiento salvo Bilbao, donde ha crecido de 4 a 12 millones, y Valladolid, donde ha pasado de 91 a 93 millones.
Sin embargo, la más endeudada sigue siendo Madrid, con 1.969 millones, aunque lejos del máximo de 7.733 millones registrado en 2012.
Le siguen a distancia Barcelona (783 millones) y Zaragoza (718 millones), si bien ambas ciudades vienen reduciendo su deuda desde los máximos marcados en 2010 en el caso de la capital catalana y en 2015 en el de la capital aragonesa.
