Los delitos contra la Hacienda pública que la Agencia Tributaria remite a la Fiscalía de la Región han caído en 2019, pero han aumentado las denuncias de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social, algunas de ellas contra las empresas ficticias que dan de alta a falsos trabajadores para que puedan cobrar prestaciones, que en ocasiones llega a recibir un elevado número de personas. El pasado año también se registraron varias denuncias de particulares.

El número investigaciones por delitos económicos incoadas ha pasado de las ocho de 2018 a 20 en 2019, según se recoge en la Memoria de la Fiscalía de la Región correspondiente al pasado ejercicio. En 2017 se abrieron siete diligencias por delitos de índole económica y tributaria, mientras que en 2016 se alcanzaron las 16.

De las 20 causas abiertas por la Fiscalía solo tres corresponden a fraudes fiscales denunciados por la Agencia Tributaria, aunque la Memoria recoge otras dos denuncias por delitos contra la Hacienda pública y defraudación tributaria presentadas por particulares.

La Seguridad Social y la Inspección de Trabajo presentaron cuatro denuncias por eludir el pago de las cuotas y por estafa. Las actuaciones delictivas que dieron lugar a la apertura de diligencias por parte de la Fiscalía incluyen delitos contra la Hacienda Pública, la Seguridad Social, fraude en subvenciones, insolvencia punible relacionada con deudas tributarias, falsedad, malversación de caudales públicos y otras infracciones tributarias y contables.

El delito fiscal se produce cuando el perjuicio causado a las arcas públicas supera los 120.000 euros, mientras que en los fraudes a la Seguridad Social se considera delito a partir de los 50.000 euros, según precisó el secretario general de Gestha, José María Mollinedo, que ha criticado la escasa actividad de la Agencia Tributaria en la persecución de las actuaciones delictivas. Mollinedo criticó esta diferencia en el trato que reciben los defraudores en uno y otro caso y dijo que la legislación es demasiado laxa con los delitos fiscales.

Gestha propone «complementar el proyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal con la modificación del delito fiscal en el Código Penal. También ve demasiado blandas las penas de cárcel establecidas para los delitos tributarios. Alerta de que la investigación de los delitos fiscales por parte de la Agencia Tributaria (AEAT) se ha desplomado un 76% en la última década, mientras que las cuotas defraudadas en los presuntos delitos denunciados cayeron un 85%.

También el fiscal jefe de la Región, José Luis Díaz Manzanera, destaca en su Memoria de 2019 que las sentencias dictadas por delitos contra la Hacienda Pública, contra la Seguridad Social y por fraude en subvenciones han alcanzado la decena, «lo que representa una importante disminución en relación al año anterior, motivado en parte por el significativo descenso que en los últimos años viene experimentando el número de procedimientos» por delitos tributarios.

El fiscal lamenta, además de la tardanza de la Justicia en resolver causas como la del fraude en las subvenciones de la UE de 1995, que ha necesitado «19 años para que se formule acusación».