Los impuestos que cobran los ayuntamientos de la Región están un 4,6% por encima de la aportación media de la fiscalidad a los ingresos de los consistorios españoles, principalmente como consecuencia del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), según se desprende del estudio del Consejo Económico y Social (CES) realizado por la directora de la Cátedra de Hacienda Territorial de la UMU, María José Portillo.
El IBI aporta el 30% de la recaudación y soporta la mayor parte del gasto que pueden permitirse los consistorios de la Región, según se recoge en el informe titulado 'Presupuestos y fiscalidad local en los municipios de la Región de Murcia', situación actual y propuesta de futuro', que se ha presentado hoy dentro de los Cuadernos del CES.
San Javier es el municipio con una mayor presión fiscal por habitante, que se sitúa en 876 euros por vecino. No obstante, la autora del estudio precisó que al tratarse de una población costera con un elevado número de segundas residencias, la repercusión sobre los vecinos del municipio no es tan elevada.
Una de las principales conclusiones es que los ingresos municipales seguían estando en 2019 por debajo de los que se alcanzaron en 2010 y que más de la mitad de los ingresos con los que se financian los ayuntamientos recae sobre los tributos directos que pagan los vecinos, entre los que destaca el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), que representa el 30%, lo que hace necesaria la reforma de la financiación local.
En los municipios de la Región los impuestos locales representaban en 2010 el 35% de los ingresos totales, pero en 2018 han pasado a suponer el 45,5%, un aumento de alrededor de diez puntos puntuales, lo que significa que ha disminuido la aportación del Estado al gasto municipal.
La Unión es el municipio que aplica el tipo más alto de la contribución urbana (0,79%), aunque San Javier, que mantiene unos valores catastrales más elevados sobre las viviendas de las poblaciones costeras como La Ribera o La Manga, obtiene la mayor recaudación por habitante, que asciende a 650 euros.
Fortuna recauda la menor cantidad por habitante, con 152 euros.
San Javier también tiene el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, conocido como plusvalía, con 123 euros, mientras que Campos del Río, Ceutí, Ojós Mula llegan al 5%.
El Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica es más caro en Alcantarilla y Caravaca, donde alcanza los 143 euros por habitante, mientras que en Fortuna re reduce a 34,9 y en Ojós, a 352.
El IAE más caro lo tiene Lorquí, con 134,3 euros por habitante, y el más barato es el de Villanueva del Río Segura, con 3 euros.
En Obras y Construcciones Mazarrón encabeza la recaudación, con 55,3 euros por habitante, que en Beniel se reducen a 3,5.
La autora del estudio recuerda que sigue pendiente la reforma de la financiación local, «una vieja idea», que no ha llegado a abordarse en ninguna de las reformas de la financiación autonómica, a la que siempre queda supeditada.
María José Portillo considera que el sistema tributario local es «arcaico» y requiere una armonización. También estima que es excesivo el peso del IBI, que constituye la mayor fuente de ingresos de los ayuntamientos, pero está desvinculado a la capacidad económica de los contribuyentes.
Igualmente ve desfasado el IAE como consecuencia de las exenciones aplicadas, que desvirtúan esta figura tributaria.
Por otra parte, Portillo destacó la elevada diferencia que se produce entre los presupuestos que aprueban los ayuntamientos y las liquidaciones finales. Estas desviaciones llegan a alcanzar el 500% en el caso de las inversiones municipales.
Sin embargo, apuntó que se trata de una práctica común en los ayuntamientos españoles, dado que las desviaciones entre lo que presupuestan y lo que invierten realmente llega al 316%.
