Los servicios jurídicos de la Asamblea regional continúan estudiando cómo proceder a la anulación del convenio entre el parlamento autonómico y la Cátedra de Derechos Humanos y Derechos de la Naturaleza que, entre sus objetivos, está la recogida de firmas para lograr que el Mar Menor tenga personalidad jurídica propia. Esta meta ha sido la principal polémica que llevó al presidente de la Asamblea, Alberto Castillo, la pasada semana a anunciar que romperá el acuerdo con la cátedra al considerar que se ha infringido lo acordado entre los representantes de la misma y el parlamento.

A este movimiento de Castillo se han sumado los grupos parlamentarios del Partido Popular, Ciudadanos y Vox, formaciones que han apoyado, algunos mediante escritos presentados al presidente de la Asamblea regional, la ruptura de dicho convenio, ya que se ha llevado a cabo «un inadecuado e ilógico uso de la Cátedra, y por ende de la representación de la Asamblea regional, para dar solidez e impulsar una iniciativa ajena a día de hoy a la Cátedra».

Esto fue lo que le hizo saber el diputado popular Juan Antonio Mata al presidente de la Asamblea a través de un escrito tras asistir como representante del parlamento en dicho convenio a la presentación de la cátedra en la Universidad de Murcia, institución que se sumó al acuerdo junto a Amnistía Internacional y Ecologistas en Acción. Fue en la presentación de la cátedra con su directora Teresa Vicente y el rector de la Universidad de Murcia, José Luján, donde saltaron las alarmas, ya que dicha cátedra también busca la elaboración de una ley que dote de personalidad jurídica al Mar Menor con la recogida de 500.000 firmas, objetivo del que, según fuentes consultadas, no estaba informada la Asamblea regional y tampoco se encontraba recogido en el convenio con el parlamento autonómico.

Tanto Partido Popular como Ciudadanos señalan que no pretenden posicionarse a favor o en contra de esta iniciativa popular ni entrar a valorarla, sino que destacan que se incumplió lo pactado con la cátedra. Su directora Teresa Vicente, en declaraciones a Cadena Ser señaló que «la Asamblea regional tuvo en su poder el convenio muchísimos meses antes de firmarlo. De todas las instituciones fue la única que nos hizo cambiar un montón de cosas, las cambiamos encantados de la vida. Tampoco los necesitamos, somos una comisión del pueblo que ha utilizado algo que es legítimo, que es legal y que no nos hemos ocultado jamás».

El diputado del grupo parlamentario Socialista, Manuel Sevilla, ha mostrado su sorpresa ante la decisión adoptada por el Parlamento autonómico recordó ayer que la Asamblea ya aprobó en octubre de 2019 «el reconocimiento del Mar Menor como Sujeto de Derechos» y señaló que los acuerdos adoptado por los grupos deben cumplirse. Sevilla anunció que va a pedir a la Mesa de la Asamblea que «reconsidere su decisión» de desmarcarse de la Cátedra de Derechos Humanos y Derechos de la Naturaleza y que «cumpla la resolución aprobada».

Por otra parte, el alcalde de Los Alcázares, Mario Cervera, anunció ayer que está dispuesto a asumir parte del patrocinio de la cátedra de la Universidad de Murcia en caso de que la Asamblea Regional confirme su intención de anular el convenio de colaboración. Además, el regidor ha solicitado una reunión urgente con los grupos parlamentarios para transmitirles la importancia de que la UMU continúe con este trabajo y la acción de recogida de firmas dentro de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que se tramitaría en el Congreso de los Diputados.