El Colegio de Psicólogos de la Región de Murcia afirma que no invertir en sistemas de prevención en materia de servicios sociales multiplica por diez el gasto que debe realizar la Administración para atender cada caso, según cifra su decana, María José Catalán, en la Asamblea Regional.
Catalán compareció en una audiencia legislativa en la Comisión de Sanidad y Política Social con el objetivo de proponer mejoras para el proyecto de ley de servicios sociales que sustituirá a la ley actual, vigente desde 2003. Ahí relató que «el coste que para las arcas públicas supone invertir en programas específicos para un niño o una niña en circunstancias de adversidad está en torno a las 8.000 euros al año».
No obstante, «cuando los sistemas de prevención fracasan, muchas veces porque no existen, y la respuesta de las administraciones solo puede venir de la mano de la institucionalización, ese coste se dispara hasta los 100.000 euros al año. Es decir, se multiplica por diez», aseguró la decana del colegio de Psicólogos.
Por tanto, «la inversión en prevención redunda en una reducción en el origen del problema, evita la cronicidad y mayores gastos para el sistema», sentenció Catalán, para añadir que se deben «atender las necesidades de las personas de raíz».
En su defensa a la necesaria interdisciplinariedad de los equipos de servicios sociales, Catalán puso de ejemplo que «la cobertura asistencial a una víctima de violencia de género no puede limitarse a la entrega de recursos materiales como ayudas o vivienda pública», y consideró que «debe estar atendida por diversos personales, donde nadie cuestiona la importancia del profesional de la psicología como un pilar obligado en la recuperación de la víctima».
En este sentido, Catalán lamentó que «la psicología no representa ni al 4% del personal de servicios sociales actual, frente 45% de los trabajadores sociales y más de un 11% de los educadores» y añadió que «cada zona básica debe tener asignado un equipo interprofesional de forma que este sea el que defina y acuerde el personal de referencia que se asigne al caso específico».
Educadores sociales solicitan un mapa para conocer las necesidades de cada municipio
La presidenta del Colegio Oficial de Educadores Sociales de la Región de Murcia, María del Carmen Lozano, también compareció en la Comisión de Sanidad y Política Social y pidió el desarrollo de un mapa que determine la situación de la ayuda asistencial en los distintos municipios.
Lozano puso el foco en el plan regional de servicios sociales, el catálogo y el mapa de servicios sociales porque «son fundamentales», lamentando que «no se define ninguno de los tres y no se pone tiempo para su desarrollo reglamentario», recordando que la actual norma lleva en vigor 17 años y no cuenta con reglamento.
Destacó la importancia de «diseñar un mapa para saber con qué recursos cuentan los ciudadanos si queremos garantizar la equidad», al tiempo que consideró necesario superar el concepto de «atención a situación de vulnerabilidad» porque esta ley «tiene que ser para todos los murcianos».
En este sentido, pidió que el texto vaya más allá de la asistencialidad, que es necesaria, afirmó, pero también lo es «hablar de conceptos como prevención, evolución, empoderamiento e itinerarios para la promoción».
