El número de denuncias por violencia de género en la Región de Murcia durante el tercer trimestre ha ascendido a 1.728, lo que representa un 0,2 por ciento más que en el mismo periodo de 2019 y recuperar la actividad judicial en esta materia previa al confinamiento provocado por el coronavirus.

Según el informe trimestral del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género publicado este lunes, el 65,5 % de las denuncias las presentaron las propias víctimas directamente en el juzgado o en comisaría. El porcentaje de las presentadas por servicios asistenciales fue de 19,8 % y por familiares fue del 1,6%. El resto se incoaron por partes de lesiones recibidos directamente en el juzgado (5,8 %).

Si los datos del tercer trimestre de 2020 se comparan con los del segundo trimestre del año, que fue el más afectado por las consecuencias de la crisis, se observa cómo las denuncias aumentaron un 25,4 %, las órdenes de protección solicitadas, un 27,5 % y las sentencias dictadas, un 79 %.

La ratio de mujeres víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres fue de 17,2 en toda España. Por encima de la media nacional se situaron Baleares (28,4), Comunidad Valenciana (23,5), Canarias (22,9), Murcia (21,6) y Andalucía (20,1). La tasa más baja fue la de Aragón (con 9,9 mujeres víctimas por cada 10.000 mujeres), seguida de Castilla y León (11,2), La Rioja (11,4), Extremadura (11,6), Galicia (12,6), País Vasco (12,8), Navarra (13), Asturias (14,4), Cataluña (14,5), Castilla-La Mancha (15,1), Cantabria (15,4) y Madrid (16,8).

Además, durante este trimestre se suman tres víctimas menores tuteladas. Este indicador, que se recogió por primera vez en el informe correspondiente al segundo trimestre de 2020, permite conocer el número de hijos e hijas menores de las mujeres maltratadas que son también víctimas de la violencia machista. En los meses de abril, mayo y junio fueron 312.

Durante el periodo analizado, un total de 103 mujeres víctimas de la violencia de género se acogió a la dispensa de la obligación legal de declarar como testigo contra sus agresores, lo que supone un importante descenso del 32,7 % respecto a las renuncias que se registraron hace un año. El hecho de que una mujer víctima decida acogerse a la dispensa de la obligación legal de declarar no siempre supone la finalización del proceso judicial, pues la Fiscalía actúa siempre de oficio ante los delitos de violencia de género.

El número de órdenes de protección solicitadas a los órganos judiciales experimentó un descenso interanual del 20 %. Si en el tercer trimestre de 2019 fueron 464, entre junio y agosto de este año ascendieron a 370, acordándose el 84 % de las solicitadas.

En más de la mitad de los casos (185) la víctima mantenía una relación afectiva con el agresor (su cónyuge o pareja) en el momento en que solicitó la orden de protección.

Los juzgados adoptaron un total de 886 medidas judiciales de protección a las víctimas (tanto mujeres como menores), cifra que corresponde a la suma de las pertenecientes al orden penal (641) y al civil (245).