El exalcalde de Marbella Julián Muñoz y el exasesor urbanístico y cerebro del caso Malaya, el cartagenero Juan Antonio Roca, han reconocido fraude y prevaricación en relación con varias operaciones urbanísticas en Marbella, por lo que han llegado a un acuerdo de conformidad con la petición de pena del fiscal.
La Fiscalía Anticorrupción ha pedido seis meses de prisión y cinco años de inhabilitación para cada uno de ellos por un delito de fraude y a Julián Muñoz, que ha comparecido por videoconferencia, se le ha solicitado además doce meses de prisión y cinco años de inhabilitación por prevaricación administrativa y urbanística.
A Roca por el delito de prevaricación administrativa, al considerarlo inductor, se le pide cinco años de inhabilitación.
Esta petición supone una rebaja de lo reclamado por el Ministerio Público, que ascendían a penas que oscilaban de uno a tres años de prisión, e inhabilitación de siete a diez años por delitos de fraude, malversación y prevaricación, según el escrito acusatorio.
El juicio comenzó ayer en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Málaga, y en el banquillo de los acusados estaban doce personas más, miembros de la Corporación municipal, exediles del GIL y empresarios.
Durante la vista oral, que quedó suspendida para dos empresarios con los que no se ha llegado a un acuerdo, se retiró la acusación para dos de los implicados.
Los exconcejales del GIL también han reconocido los hechos y se han conformado con las penas que ha pedido el fiscal y que oscilan entre los nueve a quince meses de prisión, según a la corporación municipal a la que pertenecieron, además de cinco años de inhabilitación por prevaricación urbanística.
Juan Antonio Roca comenzó su vinculación con el Ayuntamiento de Marbella en 1992 y, pese a no tener cargo electo, tuvo una posición de dominio sobre la corporación municipal. Hasta su detención el 29 de marzo de 2006, cualquier actuación urbanística en Marbella tenía que contar con el visto bueno del cartagenero, ya que controlaba no solo la revisión del planeamiento municipal, sino también los eventuales convenios urbanísticos que los interesados quisieran pactar con el Ayuntamiento. Roca aprovechó esta circunstancia para lucrarse económicamente con este «urbanismo a la carta», señala el relato acusatorio.
